Bilateral aéreo. La clave: side letters

El bilateral aéreo transitó a póker de cartas abiertas. Interjet, que dirige José Luis Garza, no está de acuerdo con que se transite a cielos abiertos como exigiría el DOT para una concentración como la de Aeroméxico-Delta.

Similar posición tiene VivaAerobus, de Juan Carlos Zuazua, porque en general, se abren las terceras y cuartas libertades a cualquier aerolínea que solicite origen y destino, eliminando pares de aerolíneas y mercados cerrados.

Volaris, que lleva Enrique Beltranena, está de acuerdo con el Convenio tal y como se negoció y no piensa salirse de la Canaero, que lleva Fernando Flores, y Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, lo puso más claro aún: apoyará el Convenio Bilateral en Materia de Aviación con Estados Unidos “siempre y cuando su alianza con Delta Airlines reciba inmunidad contra investigaciones antimonopolio”, o sea, no lo apoya en sus actuales términos porque se da mucho y se recibe poco.

Es difícil saber cómo se realizará la negociación en el Senado y en la Comisión de Comunicaciones, que preside Javier Lozano, y en la Comisión de Relaciones Exteriores de Norteamérica, de Marcela Guerra, porque no se puede entender el convenio sin analizar el contexto de las llamadas side letters a las que se sujeta el análisis del ATI en el DOT solicitado por Aeroméxico-Delta.

Por lo pronto, le comenté que en la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Rogelio Montemayor Morineau, están preocupados por las repercusiones que pueda tener la cláusula 8.8 del bilateral aéreo porque “podría iniciar una apertura sin restricciones” a la prestación de servicios intermodales, esto es, del aéreo trasladarse a autotransporte de carga, marítimo, fluvial y ferroviario.

Esta es una larga aspiración de las cargueras extranjeras FedEx, UPS o DHL, que podrán, como está redactado el 8.8, “optar por encargarse de su propio transporte terrestre o a proveerlo a través de arreglos con otros transportistas dentro del territorio nacional”, pese a que en Estados Unidos esos derechos no aplican.

De entrada, la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott,  al referirse al bilateral suscrito le pidió a Adrián del Mazo, director de Autotransporte, que consultase a la Secretaría de Economía, le aseguró que un bilateral aéreo no puede modificar la regulación de otro medio de transporte ni tampoco permite hacer cabotaje en México, porque debe sujetarse a la ley de cada país, como lo estipula el convenio vigente.

Por lo pronto, para eliminar la inquietud, antes de que Gilberto López Meyer (jueves) se vaya de la DGAC, tendrá que concretar un intercambio de cartas con Paul Gretch, para que quede de manifiesto que esas empresas no pueden tener un derecho, que no tienen las  las nuestras en Estados Unidos. Pero para variar… serán side letters.

DE FONDOS A FONDO

Este jueves 15 de octubre se realizará un recuento entre los más de mil 800 trabajadores de la planta de Honda en  El Salto, Jalisco, para saber quién se queda con la negociación del contrato colectivo de trabajo.

Todo indica que permanecerá en la dirigencia Carlos Fernando Arias Hernández, del Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e Industrial (SETEAMI), quien se ha destacado por obtener importantes logros para sus agremiados, pero hay un grupo que está apoyando a José Luis Solorio, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), quien fue despedido hace algunos meses por prácticas medio “porriles” y busca revancha.

Para la industria automotriz la consulta es clave para ver cómo vigila el recuento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Alfonso Navarrete Prida, pues la diferencia será apostarle a la productividad laboral o a la captura de sindicatos para el chantaje.

Dado que la transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una demanda colectiva, desde que el presidente Peña promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien le metió el acelerador al proceso, iniciado por cierto en 2013, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que comanda Gerardo Ruiz Esparza, dependencia que despliega un presupuesto de alrededor de 130 mil millones de pesos en infraestructura.

Recordará que previo al paquete de licitaciones del NAICM que suscribió OCDE, de José Ángel Gurría,  para incorporar prácticas internacionales, estableció la obligación de que en cada licitación se incluyan los registros con declaraciones de integridad de los servidores públicos involucrados; la designación de testigos sociales por la Función Pública, de Virgilio Andrade, y contar con notarios públicos que certifiquen todas las propuestas de licitaciones. O sea, ¡redundante a más no poder!

Bueno, pues la última es que transmite en streaming todos los fallos de licitaciones para que la transparencia sea parte del DNA de su equipo cercano, y me refiero a Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones; Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte; Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura, y Rodrigo Ramírez, oficial Mayor.