¿Conoce la postura de la IP en anticorrupción?

Justo antes de iniciar el periodo extraordinario,  las posiciones se fueron acercando, pero una que me llamó poderosamente la atención fue la propuesta que realizó el Senador del PAN, Luis Fernando Salazar Fernández, de Coahuila, quien no pertenece a la comisión AntiCorrupción y Participación Ciudadana, que encabeza Pablo Escudero, o la de Justicia, pero sí es integrante de Estudios Legislativos Segunda, donde también se discutieron los dictámentes del Sistema.

Él propuso que en el sistema se impusiera a los particulares (empresas, fideicomisos, personas morales) que tuvieran una relación financiera o económica con cualquier orden de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que involucre recursos públicos, que presenten su 3de3. ¿Ley espejo? ¡Claro!, tanto particulares como servidores públicos pueden desarrollar conductas de corrupción. ¡Se alimentan!, pero… no pasó. Pero otras sí pasaron. Por ejemplo. En el artículo 25, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se consideró un exceso, exigir a las empresas políticas de recursos humanos tendientes a “evitar” la incorporación de personas que pudieran generar un riesgo a la integridad de la corporación, sin que ello implique ninguna clase de discriminación.

En carta enviada por el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, a nombre del Consejo, y con propuestas de la Coparmex, que preside Gustavo de Hoyos; de Concamin, que encabeza Manuel Herrera, y de la Caintra de Nuevo León, que preside Eduardo Garza Junco, a la Comisión de Pablo Escudero, indican que aplicar esa obligación en la práctica implicaría “investigar” a cada candidato a ocupar un puesto en la empresa, lo que haría inviables los costos de contratación, además de que no se prevén “listados” de personas físicas que hayan sido sancionadas por la Ley de Responsabilidades Administrativas y, el considerar “riesgosa” para la empresa, impacta en posible “discriminación”. Como sea, ¿sabe que propusieron? Eliminar el vocablo “evitar” y sustituirlo por el de “fortalecer”. Supongo que quien lo envió debió revisarlo porque resulta ilógico que una empresa quiera “fortalecer”, en su política de recursos humanos, ¡la contratación de personas que pudieran generar un riesgo a la integridad de la corporación!

En el artículo 74, de la misma Ley (eso es muy lógico y así quedó), proponen que se incluya el mismo plazo de prescripción para imponer sanciones a funcionarios públicos y particulares y ésta quedaría de “siete años” y no de tres para servidores públicos y siete años para particulares. Además sugirió la misiva que la prescripción de un delito que presuma corrupción, se interrumpa en el momento en que “se presente la denuncia” por las autoridades substanciadoras del proceso, y no como sugería la minuta, cuando “esa autoridad admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa”. Se evita que éstas duerman el sueño de los justos. De hecho, el sector privado propuso que en ningún caso, un procedimiento de responsabilidad pueda dejar de actuarse por más de seis meses, y no 12 como venía la minuta corregida; y también que se evite la discrecionalidad que suponía el artículo 77 de la Ley, para que los órganos internos de control pudieran imponer sanciones o no dependiendo si la falta era considerada grave y si se consideraba que no había dolo en la comisión de la falta o si era la primera vez que lo hacía. El sector privado considera que no debe haber “juez y parte”  y se debe sancionar al funcionario siempre, sin atenuantes.

DE FONDOS A FONDO

#Aeromar, que dirige Andrés Fabre, ha planteado una serie de mejoras  a la productividad en el contrato colectivo con Aspa para mejorar competitividad, pero no al extremo de hacer inviable un acuerdo. Prueba de que la negociación marcha bien, es que el lunes pasado, algunos representantes sindicales propusieron extender el plazo de negociación del Contrato por 15 días, pero al final, la propuesta no se formalizó porque ambas partes consideraron que no haría falta ya, que hay condiciones para alcanzar un acuerdo favorable para ambas partes y para fortalecer la fuente de empleo antes de que concluya este 15 de junio. Mire, si fuera usted no cambiaría ningún vuelo que tenga contratado en Aeromar. El jueves yo tomaré el mío y no soy vocera de Aspa ni de la empresa.

#MéxicoAyuda. La novedad es que Fitch Ratings removió en su último reporte las calificaciones negativas para la firma Odebrecht Ingeniería y Construcción, que en México encabeza Luis Weyll. Lo anterior a pesar de que la calificadora le retirara el grado de inversión a Brasil ante el escenario económico adverso debido, principalmente, a la incertidumbre política que atraviesa. Nada mal si tomamos en cuenta que dichas calificaciones podrían incidir en aproximadamente tres mil millones de dólares de emisiones de la división financiera de Odebrecht Finance Ltd (OFL).

#BuenAlianza. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez, al concretar un convenio con la Universidad Panamericana para aplicar un programa permanente de capacitación de directivos y personal de las sofomes que la integran, así como para que en éstas los estudiantes realicen prácticas profesionales.

El objetivo es incrementar los conocimientos y la aplicación de técnicas financieras, administrativas y jurídicas, en favor de un mejor servicio y atención a los usuarios del sector financiero especializado. El arquitecto de esta vinculación entre empresas y la academia, fue el secretario del Consejo Directivo de AMFE, Carlos Provencio.