Reforma judicial: ¿Será anticorrupción?

La agenda legislativa que presentaron los diversos grupos parlamentarios incluye sendas reformas políticas y judiciales, muy pocas de carácter económico, pero si por ejemplo, se presenta una reforma al Sistema Judicial Federal que incluya la modificación de las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Luis María Aguilar, y de otros órganos del Poder Judicial de la Federación para que los tribunales y plenos de circuito absorban una parte de la gran carga que tiene la primera, derivada de juicios de amparo, tendrán que hacer un esfuerzo para que no se traduzca en una ampliación del presupuesto como ocurrió con el famoso sistema judicial oral, que a la fecha y después de diez años y recursos destinados a capacitar a los participantes de un juicio, no acaba de cobrar forma.

Por eficiencia, el presupuesto judicial es el más ineficiente, porque, según Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el investigador Miguel Carbonell, la impunidad alcanza al 99% de los casos que debieran ser llevados y decididos en juicio, primero porque un 75% no se denuncia y, de los que se denuncian sólo el 4.55% concluye la investigación ministerial, el 1.6% del total de los delitos cometidos llega al juez y, de este total sólo 1.06% alcanza condena.

O sea, una reforma judicial sin que se encadene a la mejora del sistema de prevención y procuración de justicia o al sistema anticorrupción hace de la impartición de justicia un eslabón poroso, porque la reforma más importante que ninguno de los ministros y magistrados quiere tocar es la de establecer métodos de investigación, supervisión y evaluación del desempeño de todos sus integrantes del mismo poder judicial, y si hay casos clave de corrupción, debe reconocerse el gran problema que prevalece en el Sistema.

Cada vez que se destapa un acto de corrupción judicial, los jueces son cambiados de jurisdicción por el Consejo de la Judicatura, pero difícilmente la investigación de su conducta trasciende, son juzgados casi en privado y, si a alguno se le encuentra responsable, es muy difícil que sean encarcelados.

¿Dígame un caso de los 11 jueces involucrados en los amparos ilegales de autos chocolate, que se vincularon también con los amparos a casinos ilegales, en el que los jueces hayan recibido pena corporal por el enorme daño causado al país durante diez años consecutivos?

Para este 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación asigna 75 mil 500 millones de pesos para la Suprema Corte en presupuesto al Poder Judicial (Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), más dos mil 554 millones de pesos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que cambió de nombre, pero mantuvo su autonomía respecto al Poder Judicial, pese a que por ahí cruza una buena parte del sistema anticorrupción.

La propuesta que podría ser presentada en cualquier momento en el Senado por alguno de los integrantes del grupo parlamentario del PRI, que coordina el senador Emilio Gamboa, ha sido consensuada con el Alto Tribunal y la intención de la ampliación de facultades en los tribunales de circuito, supondría que la Suprema Corte se concentre en los asuntos que tienen que ver con el estudio y emisión de criterios sobre diferencias de carácter constitucional, que tengan “trascendencia nacional”.

Esto porque los tribunales y plenos de circuito verían ampliadas sus competencias para emitir criterios de interpretación de legalidad y, como sabe, estos están bajo la tutela del Consejo de la Judicatura Federal.

La propuesta de reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación debería incluir, de una vez por todas, a jueces y magistrados anticorrupción.

Una revisada por la Red por la Rendición de Cuentas, que coordina Lourdes Morales, y en general por todas las organizaciones civiles que han impulsado la integración del Sistema Nacional Anticorrupción como Transparencia Mexicana, IMCO, Causa en Común, México Evalúa, CIDAC, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción,  investigaciones académicas y muchas voces individuales, han subrayado dos hechos: la impunidad en la investigación y sanción de los delitos que cometen altos funcionarios de la política —incluyendo a los estados y a los poderes autónomos— es tan grave como la desconfianza ciudadana en el sistema de seguridad física personal y vecinal que está permeada de abusos y sobornos por parte de las instituciones y actores criminales.

De ahí que si la propuesta aprovecha la posibilidad de un acuerdo político amplio para incluir al Poder Judicial en el Nuevo Sistema Anticorrupción, tal vez valga la pena impulsarla, pero realizar una reforma cosmética para derivar hacia abajo el rezago en La Corte, parecería un acto más de ineficiencia.

DE FONDO A FONDOS

#Pemex… Entre diciembre y enero, Pemex, que dirige José Antonio González Anaya, aumentó su capacidad de refinación a un nivel similar al que tenía en marzo.

Llegó a caer de 660 mil barriles diarios de producción de gasolinas y diesel a 408 mil barriles, entre enero y diciembre, y en contraste, la demanda en el mismo 2016 aumentó de mil 188 millones de barriles diarios a mil 288.

Lo anterior muestra que el ritmo de consumo en México, que es cercano al 9% nominal anual, amplía de forma estructural el déficit de producción que al cierre de 2016 fue de 799 mil barriles diarios. 

Si las cosas mejoran, la capacidad de Pemex podría reducir unos 200 mil barriles, pero seguiremos importando, a menos que se contenga la expansión de la demanda de combustibles.

Supongo que Semarnat de Rafael Pacchiano y la Sener de Pedro Joaquín Coldwell, lo mismo que la Secretaría de Hacienda de José Antonio Meade, estarán poniendo la lupa sobre estos datos, porque el consumo energético está teniendo tasas de expansión por encima del PIB, que sugieren un problema serio sub entero fiscal.