México megadiverso, y ¡megahipócrita!

Esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza José Antonio Meade
(hoy en Alemania para la reunión del G20 de ministros de finanzas y banqueros centrales), lanzó la convocatoria para la contratación del Bono Catastrófico 2017-2020, que complementa al Seguro Catastrófico, para contar con una cobertura adicional al presupuesto anual para enfrentar el gasto que nos dejan los desastres naturales.

En esos seguros se invierten entre 700  a 750 millones de dólares cada tres años, pero la política sigue siendo reactiva y no preventiva, como establece el diagnóstico del deterioro de nuestra Mega Diversidad.

De hecho, el marco normativo para el medio ambiente y preservar y restaurar el equilibrio ecológico es tan mega- diverso que parte de reconocer en el artículo 26 de la Constitución que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano y es obligación del Estado regular el aprovechamiento de los recursos naturales para cuidar su conservación y evitar su destrucción, y se dispersa, traslapa y “gestiona” a través de 17 leyes que rigen sobre la protección de la Biodiversidad, aunque ninguna de ellas, por ejemplo, obliga a la preservación de la biodiversidad genética.

Justo de eso se trata la Iniciativa de “Ley General de Biodiversidad”, que además de regirse por el artículo 134 constitucional para que los estados y municipios homologuen sus legislaciones y políticas a las federal, busca eliminar la dispersión del marco legal ambiental, hoy contenido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (que no se elimina) y en la Ley General de Vida Silvestre o la Ley Forestal que está siendo revisada en la Cámara de Diputados.

Esto es importante porque la ausencia de un marco normativo claro y consistente con una política nacional hace que la economía ilegal siente sus reales en el pirataje de especies, en la destrucción por tala o incendio intencional de bosques y coníferas para extender de  manera irracional zonas ejidales, áreas de “cultivo” y ganado y hasta de siembra ilegal de flora prohibida, pesca ilegal, destrucción de manglares y zonas húmedas y tropicales, en el tráfico de influencias a favor de fraccionadores voraces y políticos corruptos en zonas costeras y en el exterminio de especies endémicas. La vaquita marina, ¿le suena?

Quedan sólo 40 en el Golfo de Cortés y está asociada a la pesca ilegal de tortuga taboada.

Como dijo Julia Carabias durante el último foro en el que discutió la iniciativa que se encuentra en discusión en la Comisión de Medio Ambiente que preside la senadora del Verde, Ninfa Salinas, se ha pretendido desvirtuar la Ley criticando sin argumentos y mintiendo, disfrazándose de organizaciones protectoras de comunidades indígenas o ambientalistas, porque lo que quieren es preservar la ilegalidad de algunas de estas actividades.

Cito a la misma organización que puso sobre la mesa Carabias: Canaipes, que preside Andrés Armenta, se ha opuesto por más de un cuarto de siglo a la veda para la pesca de tortugas, argumentando que  no se aprovecha económicamente por comunidades pesqueras, pero en realidad la casa furtiva de una especie agota otra, la afectación de los hábitas o el despoblamiento de pericos y guacamayas de las zonas tropicales, deteriora el ciclo de repoblamiento de flora y fauna de las mismas.

Esa dispersión legal, lejos de ayudar, disminuye la capacidad del Estado de vigilar, fomentar y corregir de manera integral el desbalance. Por ello, hoy, los enconos partidarios y el chantaje lo único que permiten es que los cabilderos del pirataje de especies, de la tala clandestina aumenten en México el costo de atender catástrofes.

La Ley General de Biodiversidad es robusta, por eso la Conabio, que encabeza José Sarukhán respalda, como Julia Carabias, en términos generales la propuesta, pero también hay poderosos intereses que no quieren que se legisle en materia de preservación de genes.

Enriquecer la propuesta, pero no caer en su neutralización, sería tan grave como desconocer que los Tratados Firmados por México como el Protocolo de Nagoya o el acuerdo de AICHI como preservar y fortalecer las áreas protegidas y recuperar nuestra superficie boscosa. ¿No cree usted?... lo demás es hipocresía pura y… bueno, a río revuelto ganancia de corruptos.

DE FONDOS A FONDO

#NegociacionFirme… La decisión tomada por Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, de extender hasta el 1º de mayo la revisión del cumplimiento de los exportadores de azúcar de México de la resolución antidumping A-201-845 y A-201-846, cuyo periodo vencía el 4 de abril, es una gran señal de que la negociación avanza.

Le comento que la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y de Azúcar (CNIAA), que preside Juan Cortina, está dispuesta a eliminar las “sensibilidades” mostradas por los funcionarios del DOC, como el que más azúcar llegue por barco a las refinerías mover el porcentaje de azúcar cruda y refinada (aumenta la segunda), pero por primera vez se insiste en que se deje precedente para que la negociación con Estados Unidos incluya el mercado de edulcorantes y el compromiso de negociar con la Unión Europea, un aumento de 200 toneladas más menos, en las cuotas de exportación de edulcorante mexicano.

Por cierto, Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca,  puso el punto sobre la “i” ayer en su entrevista con Bloomberg: reglas de origen norteamericanas será la clave de la negociación regional de la futura relación entre México, Estados Unidos y Canadá. También para el sector agrícola es clave porque la preservación de cadenas de valor en la transformación de bienes, no sólo tiene que ver con manufactura y hasta ahora, los criterios de separación de producción primaria de la transformación industrial por razones fiscales han provocado que la negociación con nuestros socios norteños sea perdedora.