Seguirán robándose una Bimbo, una Volaris y una Aeroméxico

26 gobiernos estatales se han robado el equivalente a una empresa como Grupo Bimbo junto con Aeroméxico y Volaris en los últimos 10 años. De acuerdo con un cálculo que publicó Excélsior en su portada el 9 de enero de este año, en los últimos 10 años personajes como los Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua, junto con Rodrigo Medina de Nuevo León o Humberto Moreira, entre muchos otros han generado una afectación de las finanzas públicas equivalente a poco más de 245 mil millones de pesos lo que equivale al valor de capitalización de una empresa como Grupo Bimbo y sus 163 plantas en el mundo, junto con una compañía como Aeroméxico y Volaris juntas, todo eso y más han lastimado con sus robos esos hampones, faltaría contabilizar lo que habrán dañado a las arcas otros gobernadores que todavía están en funciones. Lo peor es que el mayor daño que ha realizado este singular grupo de mequetrefes no se contabiliza únicamente en valor monetario, las alianzas que muchos de ellos han hecho con el crimen organizado como en el caso de Jesús Reyna o lo que se puede presumir de Humberto Sandoval por el arresto de su fiscal o incluso que promovieron el surgimiento de grupos como en el caso de Yarrington en Tamaulipas han puesto al país en su peor momento en la historia reciente en materia de seguridad. El mayor problema no son los robos y alianzas de estos criminales, el problema es que habrá más en el futuro previsible debido a que se encuentra en entredicho la construcción institucional que permitiría que no se repitan los desfalcos en el futuro. El Sistema Nacional Anticorrupción que es la respuesta de la sociedad ante la podredumbre de la clase política vio la luz sin fiscal y con órganos tan sólo en 16 estados de los 32 y con cuenta regresiva porque debería estar operando para mediados de julio, sin embargo, el panorama no parece muy alentador de no existir presión del sector privado y la sociedad.

SEMÁFORO E IP

Desde el sector privado Coparmex que dirige Gustavo de Hoyos ha dado un seguimiento cercano al tema y exigieron que se agilice el nombramiento del fiscal Anticorrupción y acompañaron los señalamientos del Semáforo Anticorrupción junto con el Imco y Transparencia Mexicana. Dicho Semáforo destacó que Campeche, Coahuila, Tabasco, Oaxaca y Chihuahua son las entidades más atrasadas con cero por ciento de avance mientras que es deficiente en Veracruz en donde hay un avance de 35 por ciento mientras que en Jalisco lleva 55 por ciento, Baja California 65 por ciento y Morelos 70 por ciento.

Más allá de hacer el listado del atraso de la mayoría de los estados luego vendrá lo más difícil que es el funcionamiento y cumplimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En un documento realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se publicó hace unas semanas el organismo hace 60 recomendaciones articuladas en cuatro ejes. El primero de ellos tiene que ver con buscar una mayor coordinación a través del gobierno federal y en los tres niveles de gobierno con el objetivo de que no se convierta en una aproximación vertical y más instancias del estado se apropien de las medidas. El segundo eje tiene que ver con construir una cultura de integridad, ahí la OCDE destaca que experiencias en otros países demuestran que no es suficiente con la aplicaciones de nuevas leyes y reglas más estrictas para que se adopte, para generar adherencia a los nuevos valores. En tercer lugar ubican el fortalecimiento de las líneas de defensa en el combate a la corrupción capacitando a nivel de personal administrativo y auditores para que la nueva legislación no se vea como una carga administrativa. Por último la OCDE destaca algo obvio, pero importante que es fortalecer la ejecución y llevar los casos ante la justicia porque de lo contrario todo el Sistema Anticorrupción puede perder credibilidad.

PERÚ, EJEMPLO

Un buen ejemplo de una respuesta enfática ante la corrupción se dio en Perú. El nuevo Presidente de la nación sudamericana a propósito del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht anunció en un mensaje por televisión en cadena nacional que las compañías que estén involucradas en un caso de corrupción nunca más pueden volver a hacer negocios con el estado, además de la muerte civil de los funcionarios corruptos, es decir que no pueden volver a trabajar para el gobierno, adicionalmente todos los contratos del sector privado con el gobierno tendrán en Perú la cláusula anticorrupción por lo que se protege al estado, el presidente peruano también triplicó el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción y en último lugar anunció el fortalecimiento de la protección e incentivos para aquellos que denuncien la corrupción. Además todos los ministros de su gobierno publicaron su información patrimonial y con esa calidad moral exigió que otras instancias del estado peruano hagan lo mismo. El chile que sí  embona a los peruanos es la coherencia de su Presidente y las medidas tajantes anunciadas, no es casualidad que la aprobación de Pedro Pablo Kuczynski pasó de 29 por ciento en enero a 43 por ciento en abril.

México no puede permitirse que en los siguientes diez años los gobiernos estatales vuelvan a afectar las arcas públicas por el equivalente a una Bimbo, Cemex o Aeroméxico juntas, tampoco se puede permitir que ocurra a nivel del gobierno federal.