Otra vez los créditos de nómina

Desde el año pasado la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden) identificó en Chihuahua una práctica en la que despachos de abogados ofrecen a los trabajadores del estado, subsanar la deuda que adquirieron vía un crédito de nómina a través de un supuesto amparo.

A la fecha se tienen detectados más de dos mil 800 casos de burócratas en esa situación, lo que se traduce en un daño para las empresas financieras afiliadas al organismo nominero por alrededor de 80 millones de pesos, dinero que al final de cuentas tendrá que ser pagados por el acreditado.

Se trata de un fraude en donde supuestos litigantes enganchan al trabajador por medio de un escrito que llaman “amparo”, dirigido a la empresa que les facilitó el crédito, la cual en lo que realiza el cotejo e investigación del crédito, suspende momentáneamente los descuentos vía nómina.

Pero evidentemente lo anterior no salda la deuda y los usuarios terminan siendo demandados por sus acreedores, ya que la mentira recae en que el amparo es un recurso que únicamente se puede usar en contra de la autoridad y no de un particular.

Al final el gremio comandado por Gustavo Martín del Campo demuestra a los gobiernos y entidades públicas la legalidad de la operación del préstamo, por lo que se aprueba la reinstalación del crédito y se reinician los descuentos directos a la nómina.

En el inter el trabajador no sólo no corre el riesgo de aparecer en el Buró de Crédito por impagos, sino que se ordene un embargo de bienes. La diferencia lo hacen los estrictos mecanismos de control y filtros que aplica a sus 20 afiliados la Amden.

Ellos debieron pasar por un análisis exhaustivo de antecedentes, referencias y registros con la Condusef, de Mario Di Costanzo; el SAT, de Osvaldo Santín, y la CNBV, de Jaime González Aguadé. Estos abogados “patito” han encontrado un nicho de negocio muy jugoso.

Se habla de una cifra de hasta tres mil 500 pesos por caso.

UNIVERSIDAD SALAZAR

Como alguna vez les platiqué en este espacio, la controversia entre los socios del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, mejor conocido como las Universidades Salazar, no es una que debamos perder de vista. Apenas este lunes que pasó el Juez Primero Civil de Tuxtla Gutiérrez en el expediente 780/20014 declaró en sentencia definitiva que es nula la asamblea del 2002 en la que el hoy diputado federal, Emilio Salazar, y su padre, ilegalmente se apoderaron del control y tomaron posesión de la administración de la institución. Hoy, después de más de una década de controversia y conflicto entre miembros de la familia Salazar, un juez resolvió que la toma del control que detenta Emilio Salazar es ilegal y que dicho actor deberá rendir cuentas de su indebida administración. Muchos se preguntan ahora si su gestión afectará la validez de miles de reconocimientos de estudios otorgados bajo el amparo de su administración. Esto además revive la posibilidad de reactivar una denuncia penal originalmente suspendida y que habrá de seguir al juicio político que en todo caso se siga en contra el legislador gracias a su fuero.

ODEBRECHT LIBRA

La atribulada Odebrecht, que dirige Newton de Souza, acaba de sumar otro acuerdo en los países en donde es investigada por actos de corrupción para beneficiarse con obra pública. Se trata de República Dominicana, cuyo convenio establece que la constructora brasileña que operaba Marcelo Odebrecht retribuirá 184 millones de dólares al estado dominicano. Cabe recordar que apenas en febrero pasado se reunieron en Brasil más de una decena de procuradores de América Latina, Raúl Cervantes incluido, quienes abordaron el tema y los acuerdos de colaboración que Odebrecht lleva a cabo con las autoridades, situación que también se tradujo en que esta semana los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil, establecieran en dos mil 600 millones de dólares la multa impuesta. Hablamos de la mayor en la historia por caso de corrupción. Pero aquí parecería que no se quiere destapar la caja de Pandora donde están involucrados las administraciones de Pemex en los gobiernos de Felipe Calderón y por supuesto Enrique Peña Nieto.