Estimación de pérdidas sigue en torno a los mil millones de dólares

El rango de especulación es alto después de un evento catastrófico como el ocurrido el 19 de septiembre. El United States Geological Survey (USGS), es la referencia utilizada por las calificadoras, evaluadoras de riesgos financieros y reaseguradoras, para estimar los daños potenciales en la zona, tardan entre 35 y 40,  en el caso de “los sismos” de México y ante la continuidad de la actividad sísmica, podría tener una “veta acumulativa”.

Según el USGS, el terremoto de 7.1 grados, por la zona donde se localiza y la gran cantidad de estructuras de viviendas y edificios que no tienen condiciones adecuadas para soportar este tipo de  eventos tiene un 30% de posibilidades de dejar entre 100 y mil muertes (hasta ayer por ese evento iban 319 muertes de las cuales 181 en la CDMX), y 38% de posibilidades de provocar daños entre mil y diez mil millones de dólares y, solo un 25% de que sea menor a mil millones de dólares (o 18 mil millones de pesos).

Hasta ahora, todas las incidencias están en lo alto de la intensidad, pero en la parte baja de las estimaciones de daños, incluyen muertos. En 1985 por ejemplo, las muertes registradas alcanzaron 9,500 según el USGS. Contrastando con otros eventos similares y considerando la concentración de efectos de una de las áreas urbanas más pobladas del orbe, se estima que las pérdidas podrían alcanzar el 1% del PIB, esto es, menos de 19 mil millones de pesos y por lo mismo, aprovechando el “ánimo político” reducir el  monto de promoción y publicidad que se disputan los dirigentes de los partidos políticos para ser sus candidatos,  ayudaría a apuntalar la reconstrucción de viviendas.

La reestimación podría ubicar, tras el censo preliminar de daños, el efecto de pérdidas por debajo de los mil millones de dólares (25% de ocurrencia). El problema es que menos del 6% de las viviendas, según la AMIS que preside Manuel Escobedo de reaseguradora Patria, y justo los daños de esta serie de eventos sísmicos (según USGS y la mayor parte de los especialistas, la alta y continua sismicidad que está presentando la zona sobre la que se asienta una buena parte del país no es usual y no descarta otro  evento de similar o a mayor escala, o su relación con la formación continua de huracanes), muestra la urgente necesidad de cerrar las brechas entre las pérdidas económicas y las pérdidas de las aseguradoras, pues sólo la cobertura por terremoto apenas creció a marzo del 2017, 0.2 por ciento.

En Puebla, el gobernador Antonio Gali, informó que se han contabilizado 12 mil 500 viviendas dañadas de las cuales 2 mil 600 presentan daños irreparables y tendrán que ser demolidas. En Morelos, de Graco Ramírez,
16 mil 972 viviendas dañadas, aunque no se había determinado aún cuántas tendrían que ser demolidas; en el Estado de México que lleva Alfredo del Mazo, 2,034 casas en su mayoría en amarillo o verde, pero el mayor daño es en la infraestructura de escuelas primarias. En la CDMX de Miguel Mancera es donde ha crecido el número de viviendas e inmuebles afectados y concentrados en  11,500 solicitudes de revisión a protección civil, se han realizado 7 mil 649 inmuebles, 6 mil 640 están en la clasificación verde (reparaciones menores); 688 en amarillo, y 321 (demolición). La gran mayoría se localiza en Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco e Ixtapalapa.

Se está afinando en la SHCP un planteamiento financiero total para aprobación del presidente Peña, para atender a particulares con créditos y facilitar deducibilidad de intereses o de impuestos a afectados censados y en colaboración con la ABM, porque ningún recurso público alcanza para cubrir los daños de particulares cuando se presentan situaciones catastróficas. La primera forma de atención se ha dimensionado: disponibles hay 8 mil millones de pesos entre Fonden, Fondo de Reconstrucción (Fonrec) para que gobiernos puedan financiarse con bonos cupón cero a largo plazo emitidos por Banobras.  A eso se sumarán los 2,700 millones del bono catastrófico (150 millones de dólares de la cobertura por terremoto), y la pronta contratación de otro seguro dado que se habrá terminado la cobertura. La Banca de Desarrollo (Nafin,  Bansefi,  FND, Bancomext) participará para evitar disrupciones productivas. Aún no se conoce la acumulación de recursos del Fideicomiso Fuerza México creado por el CCE, pero éste será clave para la restauración de cientos de inmuebles históricos, conventos, sitios arqueológicos y escuelas dañadas.

En cuanto a la infraestructura municipal, se apoyará su reconstrucción con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, banquetas y carreteras. Créditos hipotecarios del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, FOVI-SHF. Con estos créditos el acreditado sólo paga intereses, el pago del capital es con cargo a un fondo semilla que aportan los estados, potenciado por el Bono Cupón Cero a cargo de Banobras.  Infonavit estimó potenciales daños a 5,500 acreditados y FOVISSSTE, apenas está concluyendo la evaluación. En cuanto a vivienda, la atención se diseña de forma con la Sedatu, la Sociedad Hipotecaria Nacional, Fonhapo y Conavi (con subsidios que aún no se hayan ejecutado), para rehabilitar vivienda de zonas de alta marginación en Puebla, Morelos y Edomex, al igual que en Oaxaca y Chiapas, entidades que continúan en emergencia. Sedatu tendrá que presentar el diagnóstico y censo levantado con apoyo del Inegi y de los gobiernos de los estados.

DE FONDOS A FONDO

#SCT…  La sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construido hacia 1953, el Centro Nacional SCT con todo y la Torre de Telecomunicaciones tiene daño estructural. Otra vez, como en 1985 tendrán que ser rescatados los murales de Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt, pero lo más impresionante es que tendrán que buscar acomodo rápido para continuar el despacho de trámites y atención al público.  El viernes el secretario Gerardo Ruiz Esparza, con peritaje en mano, ordenó el desalojo.