¿Comen mucho los ministros de la Corte?

El presupuesto presentado por el Ejecutivo y demandado por el Poder Judicial, no llegó recortado en la propuesta, ha sido “recortado” a través de declaraciones realizadas por algunos integrantes de Morena. Comparemos Poder contra Poder. En el caso del Legislativo, el presupuesto solicitado en alimentos (comedores) supera con creces el del Poder Judicial, pese a que el segundo emite un millón de sentencias al año y el primero atiborra con 179 iniciativas de reformas a diversas leyes presentadas “al por mayor” en una sesión ordinaria, de las cuales, menos de 5% serán aprobadas en comisiones ni se convierten en normas de interés público. De hecho, les dan negativa antes de turno.

Insisto. En lugar de imaginarse siendo mano de tijera, el grupo morenista debiera revisar cómo se ocupa el presupuesto del Poder Judicial, tanto como el cómo se distribuye el gasto público, pues en esta administración se ha logrado una redirección del gasto de tareas aparentemente no sustantivas hacia gasto social o de inversión sin subir tasas impositivas o crear nuevos impuestos. Esto no es fácil, genera conflictos e, insisto, el problema es ver qué tan eficiente y en qué se aplica el presupuesto.

En el caso del Poder Judicial, el sistema tiene cerca de 38 mil empleados de base, 54 mil 370 al cierre del 2022, según el Censo Judicial del Inegi emitido en julio pasado, 70.8% de su prepuesto lo ejercen los órganos jurisdiccionales (tribunales y juzgados, incluyendo el TEPJF –y mire que le atiborran trabajo con los pleitos electorales–).

Eliminar el rezago de asuntos ingresados contra los que han sido resueltos, ha sido complicado por la acumulación de expedientes durante la pandemia, pero, según el reporte, sin aumento de personal y prácticamente con un incremento menor a la inflación en el presupuesto de este año y propuesto para el próximo, tienen capacidad de atención de 1 millón 300 mil asuntos que fueron ingresados, y el número de asuntos resueltos en órganos jurisdiccionales, TEPJF y el sistema aumentó en 27% respecto a 2021.

Hay casos específicos señalados como si fueran producto de una gran corrupción en el Poder Judicial, pero, por lo revisado, de las denuncias presentadas contra servidores públicos por supuesta corrupción o no cumplir con su responsabilidad, se concluyeron más de mil expedientes y en 71 casos se consideró que había responsabilidad administrativa (no graves) y en 33 casos se encontraron faltas graves.

Me pregunto, ¿qué pasaría si se revisaran los expedientes presentados por la Fiscalía General de la República ante las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial? Tal vez el Presidente no propondría una reforma integral y de fondo a su presupuesto, sino a toda la estructura y ningún diputado de Morena cuestiona por consigna si su presupuesto es suficiente y menos si es ineficiente. Digo. ¡Sólo por comparar!

Le adelanto que el sector privado está consciente de la necesidad de que la SICT, que encabeza Jorge Nuño, cuente con una Plataforma Digital lo suficientemente robusta para iniciar de cero el proceso de registro, dado que muchas placas y licencias no están vigentes y el problema de fondo es la falta de recursos para lograr el proceso sólo con recursos presupuestales escasos. El proceso involucraría a 1.8 millones de vehículos de carga y pasaje y turismo.