T-MEC: los mitos del salario y el PTU

En el marco de la 30a Reunión Anual de Industriales (RAI) que se celebrará en León, uno de los temas centrales será el nuevo marco de relaciones laborales en la industria. Tal vez por ello, en lugar de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, estará en la mesa inaugural instalada en el Poliforum, Marath Baruch Bolaños.

Los empresarios de la Concamin, que preside José Abugaber, tendrán la posibilidad de mostrarle con hechos, cómo los sindicatos estadounidenses han utilizado el nuevo marco del T-MEC en materia laboral, para inducir el returning de empresas ligadas a la proveeduría del sector automotriz hacia el hub industrial de Detroit y Michigan, o ligadas a la producción minera y acerera.

Hace una semana, el secretario Baruch informó que se había instalado el panel laboral para resolver la controversia que interpuso el gobierno de Estados Unidos en contra de la Mina de San Martín, del Grupo México de Germán Larrea, respecto a la libertad de la representación sindical, pero lo que no se dice es que el gran actor detrás de la denuncia es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que se vende como el líder que le planta la cara a las grandes mineras, pero en México le conocen por su capacidad de extorsión política. Por eso, el presidente López Obrador no lo confronta, pero le manda a Baruch para que lidie con él.

Se habla de sus consecuencias, pero poco de qué sucederá en caso de que quien presentó la denuncia –o quien la indujo– no tenga razón. Ése sería un factor importante para México.

Mire el caso de Newmont, de Tom Palmer. A casi 4 meses de huelga, el corporativo estadunidense envió una propuesta a Gómez Urrutia para levantar la huelga en Peñasquito, Zacatecas, que, se dice, muy probablemente cedió a la petición realizada al margen de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, para que el pago de PTU convenido contractualmente se fuera de 10% a 20%. Claro, después de pérdidas por 390 millones de dólares y sin paneles equivalentes para cuestionar el chantaje sindical, es posible un acuerdo.

En el caso de Grupo México, por lo que hemos escuchado de la autoridad comercial/laboral estadunidense, la argumentación de la representación del Sindicato Nacional Minero, no tiene sustento y hasta ahora no han podido probar lo que denuncian.

Revisando los datos del Inegi e IMSS, se observa que la industria minera metálica, con 417,380 mil empleos formales directos y poco más de 2 millones indirectos considerando proveedores, tiene uno de los promedios salariales más altos en el país. Es el tercero, de hecho, en el registro del IMSS.

El salario es de 643.3 pesos diarios, 33% por arriba del salario promedio del IMSS y 8.2% en el año, b los índices de seguridad y salud son comparables con USA. Se que me dirá que el salario promedio es muy bajo contra el de USA y Canadá, pero le apuesto que, si compara cuánto se compra con ese salario, muy probablemente el trabajador mexicano tenga un poder de compra mayor, incluyendo renta y educación.

En el caso de accidentes, con datos del IMSS, la frecuencia de accidentes es de 0.9 por cada 100 trabajadores, contra 1.7 de media nacional y 3.0 de trabajadores ocupados a través de plataformas de alojamiento personal (Airbnb).

Y hablando de derrama económica, entre sueldos, salarios, compras nacionales e impuestos, en 2022 ascendió a 322 mil 600 millones de pesos, el equivalente al subsidio a la gasolina que mantuvo el presidente López Obrador el año pasado para contener la inflación. De hecho, entre ISR, derechos superficiales y derechos nuevos, el gobierno federal se lleva 28% de los ingresos brutos del sector minero, un sector con una carga tributaria muy alta.

Regresando al tema del Sindicato Nacional Minero, éste llegó a tener arriba de 30 mil trabajadores representados y ahora no llega a los 10 mil sindicalizados, pero en la práctica la representación sindical no la está ganando por convencimiento, sino por “amenazas de huelga o huelgas”. El panel de Grupo México será decisivo porque todo el proceso de elección se hizo con representación de la autoridad laboral mexicana.