El capricho aéreo

De la política se dice que se toma una decisión y lo demás son consecuencias. El dicho aplica a la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco por razones políticas bajo supuestas premisas de corrupción, que a tres años y medio no se han probado mínimamente. El costo de la decisión política fue de 450 mil millones de pesos, según los cálculos del primer secretario de Hacienda de esta administración Carlos Urzúa.

Además de los recursos involucrados en el nuevo aeropuerto, ahora habrá que sumar los costos adicionales y más intangibles que es forzar a que el aeropuerto Felipe Ángeles sea viable, obligando a que las compañías aéreas nacionales operen ahí.

El martes de la semana que termina, el gobierno federal publicó seis puntos entre los que se incluye congelar el crecimiento de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el objetivo de redireccionarlos al aeropuerto de Santa Lucía, el problema es que los aviones por sí solos no materializan la demanda de los pasajeros como ya ha sido demostrado por la baja ocupación de los vuelos actuales.

Aeroméxico no tardó en anunciar que contará con 30 operaciones diarias desde el AIFA para finales de octubre, lo que le permitirá ofrecer un millón y medio de asientos disponibles al año. El número de asientos que va a ofrecer se puede comparar con el millón 760 mil pasajeros que transportó en abril o los 3 millones 867 mil asientos disponibles por kilómetro en dicho mes. En caso de que la nueva instalación aérea no logre tener mayor conectividad, las nuevas rutas van a afectar el factor de ocupación de las compañías aéreas.

Viva Aerobus también anunció nuevas rutas desde el Felipe Ángeles que le permitirá ofrecer 750 mil asientos al año desde esa terminal, lo que se compara con el millón 670 mil que transportó en el cuarto mes del año o los 2 millones 328 mil asientos disponibles por kilómetro en abril.

Considerando la oferta de asientos que seguramente va a hacer Volaris, es probable que en algún punto del próximo año se alcance la meta que planteó el general Isidro Pastor, director general del AIFA, sin embargo, de no concretarse la conectividad de dicha instalación, los aviones van a ir semivacíos como ha ocurrido hasta ahora y ello impactará negativamente en las compañías aéreas que de por sí enfrentan vientos en contra debido a la inflación. De acuerdo con los datos de la inflación subyacente de abril, los precios del transporte aéreo aumentaron 40 por ciento en comparación anual y 4 por ciento mes con mes, aunque en parte se explica por demanda vinculada al periodo de Semana Santa.

La otra consecuencia de tratar de sostener la decisión de cancelar un aeropuerto que ya iba avanzado y sustituirlo por uno mucho más pequeño y sin terminar es el desmantelamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El problema de relegar a la dependencia es que los cuadros técnicos con conocimiento valioso en la regulación aérea terminarán de irse. El menosprecio a los procesos institucionales no va resultar de ayuda en la obtención de la categoría 1 por parte de la Federal Aviation Administration.

En conclusión, se trata de un oneroso capricho que cada día se vuelve más costoso y cuyas consecuencias negativas seguiremos experimentando, al menos durante varios lustros más. Todas las administraciones han cometido pifias en materia de infraestructura, baste recordar el Tren México-Toluca que se inauguró, pero todavía no está terminado.

Sin embargo, en este periodo son varias obras y mucho más costosas.