Menos Familia, más autonomía

En 2022, en promedio, un hogar del Estado de México tuvo un ingreso mensual de 19 mil 78 pesos, lo que significó un descenso de 3.0 por ciento si se compara con 2016, cuando el Inegi publicó la primera Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares en México. Además, el ingreso promedio de un hogar en dicha entidad en el ámbito rural baja a 14 mil 800 pesos mensuales. En el municipio de Texcaltitlán, que ha estado bajo los reflectores en estos últimos días, el salario promedio es de 4 mil 230 pesos mensuales. Si consideramos que, en promedio, un hogar tiene dos generadores de ingresos, se puede calcular que el hogar promedio de dicho municipio se ubica en los deciles dos y tres de menores ingresos. Aún sumando los programas sociales, se puede inferir que, en promedio, el hogar de dicho municipio no pertenece a la clase media. El sector laboral informal en Texcaltitlán es de, al menos, 80 por ciento; al Servicio de Administración Tributaria ni lo conocen. Sin embargo, hoy sabemos que los casi 10 mil habitantes del municipio en edad económicamente activa sí tienen obligaciones tributarias, pero no con el SAT, sino con la Familia Michoacana, que, de acuerdo con los testimonios que han surgido en estos días, extraen rentas por casi todas las actividades cotidianas que realizan.

PRIMERO LOS POBRES

En estos días se ha citado una y otra vez el concepto de Max Weber en cuanto a que el Estado es quien detenta el monopolio legítimo de la violencia, y cuando el Estado no lo tiene, alguien más sí lo tiene. Como ilustra el caso de Texcaltitlán, el crimen organizado suele ser mucho más eficaz que el Estado para extraer rentas como subproducto de su capacidad de ejercer violencia. El caso del municipio no es aislado y muestra que esta administración le está fallando al sector de la población que dijo priorizar con el eslogan “primero los pobres”, que sí son los primeros en sufrir la inseguridad.

DOCTRINA FALLIDA

La doctrina de seguridad de los “abrazos, no balazos” claramente no funcionó y está impactando a todos los sectores, desde el ambiente de negocios, que inhibe inversiones y afecta la calidad de vida, hasta los más afectados que son los que menos tienen, ya sea en el entorno rural o urbano. Ante la implacable inseguridad y la presión de Estados Unidos por la epidemia de fentanilo que padece ese país, las instituciones de seguridad nacionales han retomado su accionar inercial y en los últimos años hemos visto las detenciones de alto perfil, aunque sin una estrategia global, por lo que van respondiendo tácticamente conforme se agudizan los problemas, como en el caso de Texcaltitlán.

LAS AUTONOMÍAS

Al mismo tiempo que el Estado desaparece en muchas partes del país, desde el gobierno federal se propone una reforma para eliminar a las entidades autónomas que forman parte del entramado del Estado y que suelen beneficiar a los que menos tienen. Por ejemplo, de acuerdo con un documento de investigación publicado por el Banco Mundial, las sanciones de la Comisión Federal de Competencia provocan que los sueldos suban y la productividad de los sectores sancionados aumente, se crean puestos de trabajo mejor remunerados y también se benefician los consumidores. Lo que México necesita son más instituciones autónomas de carácter técnico y colegiado que resistan los vaivenes de la política, como el IFT, la Cofece o el Banco de México, que son de las instituciones que han dado los resultados más positivos a la sociedad. Hay que imaginar cómo habríamos avanzado en seguridad si la estrategia no se reinventara cada seis años y se definiera de manera colegiada y transparente; entonces sí cumpliría con el “primero los pobres”.