El circo de las consultas

En el gobierno de Bill Clinton, se decía que el presidente de Estados Unidos no tomaba decisiones sin antes consultar al oráculo de las encuestas. Para las decisiones controversiales y complicadas –como casi todas las que toman los líderes–, se hacían encuestas de opinión para determinar qué era lo más popular o, en su caso, menos dañino para el gobierno e imagen del presidente Clinton.

Esta forma de gobernar era criticada por los republicanos y periodistas. Decían entonces que abría el panorama a tomar decisiones solamente mediante la popularidad de los temas que se debían decidir. Sin embargo, el presidente Clinton usaba este instrumento con mesura y prudencia, muy características de su gestión. En México, los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo usaron las encuestas de opinión internas para medir los cambios en la temperatura política y económica. Fueron pioneros en su utilización y de ahí nacieron los grandes nombres de casas encuestadoras.

En cierta medida, las encuestas fueron una forma de darle mayor voz a la población y el preámbulo de la democracia participativa. Sin embargo, ahora en México estamos en un punto de inflexión en la materia. Y es que en aras de una supuesta democracia participativa, las encuestas y las consultas han sido mal utilizadas. La excusa es dotar a la población de supuestos instrumentos para que participen activamente en aceptar o rechazar decisiones de gobierno controversiales o complicadas. En otros casos, incluso son excusa para elegir candidatos.

El problema inicia con la violación a la ley y en la concepción populista que empuja al límite esas reglas. A partir de este gobierno, hemos visto un sinnúmero de violaciones sistemáticas a la Constitución y leyes que rigen el uso de la democracia participativa e incluso las encuestas. En el partido en el gobierno, los estatutos señalan que los candidatos a las gubernaturas y presidencia deben ser elegidos mediante “encuestas” cuyos metodologías y validez son dudosas. En ese caso, la “encuesta” sirve de excusa para que el propio Presidente elija a sus candidatos preferidos.

De la misma forma, el gobierno ha hecho uso de consultas populares sin mayor rigor, validez o base legal, para legitimar la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, una cervecería en Mexicali, proyectos de transporte y hasta si los militares se deben mantener en tareas de seguridad pública. La única consulta organizada bajo los lineamientos de la ley –la consulta para juzgar a los expresidentes– fue tan grande fracaso y tan costosa que ya no volvió a replicarse.

El último caso de los militares en la Guardia Nacional es especialmente preocupante. El Presidente, violando la Constitución y las leyes –que determinan que la seguridad pública y seguridad nacional no son objetos de consulta– organiza ahora una consulta patito, sin mayor rigor, legalidad o validez que la voluntad “no vinculatoria” de los ciudadanos organizados por la Secretaría de Gobernación.

Con ello, volvemos a las épocas en que la Segob organizaba –y orientaba– las elecciones y cualquier participación democrática de la sociedad. El abuso de estos instrumentos no es menor: en aras de representar la “voluntad del pueblo” mediante preguntas amañadas, acarreos y trampas, el gobierno pretende darle circo al pueblo.