La broma de las aerolíneas 4T

La última locura no fue anunciada, sino re­velada. Con las filtraciones de documentos confidenciales de la Secretaría de la Defen­sa Nacional, se desnudó (aún más) cómo el gobierno de la cuarta transformación diseña y ejecuta sus políticas públicas. La premisa básica es la ocurrencia, pasando por los sesgos ideológicos nacionalistas-es­tatistas y concluyendo con programas sin pies ni cabeza.

Ahora toca, una vez más, las ocurren­cias en la aviación. El distractor de la venta del avión presidencial no se le ha cum­plido al Presidente. Desde su campaña, prometió venderlo, para después rifarlo, pasando por ofrecerlo a otros países y, finalmente, buscar cómo des­hacerse de él a como dé lugar. La premisa fue la idea que un avión —que no le pertene­ce al Estado mexicano, sino que es un arrendamiento fi­nanciero—, era el símbolo del derroche. El sesgo ideológico fue la llamada “austeridad re­publicana” para hacer a toda la administración pública po­bre bajo el precepto de que no podía haber “gobierno rico con pueblo pobre”. La con­clusión ha sido el fracaso de mantener un avión (arrenda­do) estacionado.

Por más soluciones que se han pretendido construir para deshacerse del avión, la venta de un bien, que no les pertenece, ha sido imposible. La más re­ciente revelación en los documentos de la Sedena es una broma: ahí se menciona cómo el gobierno pretende crear una aero­línea estatal operada por los militares para transporte turístico, de la mano con el Tren Maya y otros proyectos similares. La aero­línea tendría un costo —de acuerdo con las estimaciones de la Sedena— de entre mil y mil 800 millones de pesos, y contaría con al menos diez aeronaves arrendadas.

El proyecto por sí mismo ya es descabellado. Sin embargo, se le agrega in­sulto a la herida con la insinuación de que todo esto se diseñó, en gran medida, para incorporar al avión presidencial a una flota de aviones y hacer una aerolínea bajo ese concepto. En otras palabras, la aerolínea estatal se pensó alrededor del avión presi­dencial y la incomprensible idea de que el Estado debería de operar —bajo el mando y conducción de la Sedena— una nueva aero­línea comercial.

El documento, incluso, sugiere refor­mar el Reglamento de la Ley de Aeropuer­tos para permitir a esta nueva empresa estatal pueda operar aeropuertos y aerolíneas, algo actualmente limitado por la ley. La política pública genera más dudas que las que resuelve.

En el pasado, el Estado mexicano ha experimentado con ser propietario de aerolí­neas comerciales y otras em­presas paraestatales del sector transporte y turístico tan diver­sas como hoteles, balnearios, estadios deportivos y hasta parques de diversiones. En casi todos los casos, la falta de planeación, los malos manejos y las decisiones políticas resul­taron en costos muy altos para el erario y oportunidades perdidas para la economía.

Éste es el “glorioso” periodo del pasado que el gobierno quiere retomar con ideas y propuestas de esta naturaleza. Quiere ser el gobierno de un Aeroméxico y Mexicana en manos estatales y, no sólo eso, manejados por el Ejército. Quiere empresas paraestata­les que, en un futuro no muy lejano, gene­rarán presiones para el presupuesto público y un Estado abultado.

Por eso, la broma de la aerolínea es otra más de las pifias sin sustento a las que nos acostumbraron.