La improvisación progre

Los gobernantes con soluciones rupestres causan problemas. Si se les añade iniciativa, causan desastres. Esto es lo que hemos visto en distintos gobiernos de izquierda en países como Argentina, México y Perú.

Nominalmente de izquierda, estos gobiernos en realidad responden a los deseos ideoló­gicamente contradictorios de los líderes del país. En economía anuncian que no quieren a los organismos internacionales neolibera­les con una mano, mientras que con la otra extienden la palma para recibir ayuda. En materia social, usan los argumentos de la izquierda cultural únicamente como distractor de los proble­mas sociales en sus países.

En materia de infraestructu­ra y desarrollo, hay que cumplir cuotas políticas y no técnicas. Los programas son encabeza­dos por personas con poca expe­riencia o capacidad, pero mucha grilla. Los programas verdade­ramente valiosos se recortan para entregar dinero en efectivo a los clientes electorales.

Temas complejos como el uso de tecnología en el gobierno, el manejo de la economía o hasta una administración pública eficiente es mucho pedir para estos gobiernos. En Ar­gentina, los especialistas en economía son sustituidos por “compañeros de lucha”; así va la economía: de mal en peor. En Perú, en el gobierno del presidente Pedro Castillo ha habido más cambios que secretarías en el gobierno. En México, las ocurrencias en temas como aviación, administración e in­fraestructura están a la orden del día. Las más recientes parecen sacadas de una pe­lícula: el Presidente confirma la posibilidad de una aerolínea comercial del Estado en­cabezada por los militares, cuando se filtran documentos que así lo señalan. Los secretos de la Secretaría de la Defensa son expues­tos; fueron hackeados sus servidores por un grupo que aprovecha la falta de actualización del software de correo.

Todo es síntoma de la improvisación y los recortes. En materia de tecnología, al prin­cipio del sexenio se advertía en este mismo espacio que, con la “austeridad republicana” en México, se canceló el convenio marco de licencias de software del gobierno. Se llegó al extremo de que las aplicacio­nes indispensables como Excel, Word y Acrobat serían sustitui­das por software libre, diseñado por un organismo dependien­te del gobierno. La compra de computadoras y tecnología se congeló. No se diga la actuali­zación del software existente. En muchas dependencias, los funcionarios públicos deben usar sus computadoras perso­nales para trabajar. El resultado de ello son hackeos en Pemex, dependencias del gobierno y, ahora, la ex­tracción masiva de archivos de seguridad nacional de la Sedena.

Lo más curioso es que dentro del propio partido en el gobierno habían advertido sobre la necesidad de legislar en el tema de ciberse­guridad. Durante las dos últimas legislaturas del Congreso de la Unión, dominadas por el gobierno y Morena, se han presentado más de 26 iniciativas en la materia; 19 corresponden a legisladores de este partido e incluyen des­de reformas a la Ley de Seguridad Nacional hasta modificaciones constitucionales que re­conocen a la ciberseguridad como una prio­ridad. Ninguna ha progresado.

La filtración en Sedena ha desenmascarado el nivel de ocurrencias del gobierno. El nivel de análisis y propuestas es básico. Muy en línea con otros gobiernos de América Latina.