En México 6.8 millones de inmuebles se arriendan y ley antilavado de dinero plantea desafío

La puesta en marcha de la ley antilavado de dinero apenas el 17 de julio despertó preocupación en no pocos giros comerciales. Ahí está el caso del rubro de juegos con apuestas y sorteos, que si bien la aplauden porque pondrá coto a la informalidad, representa un desafío.

Otro sector que está obligado a cumplirla son los arrendadores de inmuebles, algunos de los cuales podrían desaparecer debido a las exigencias que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que comanda Luis Videgaray, plantea en términos fiscales y legales.

La nueva ley va a significar además un incremento en sus costos, ya que las empresas deberán contratar personal y pagar su capacitación para reportar el origen de sus recursos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Alberto Bazbaz.

Al contratar personal extra para cumplir con las obligaciones que marca esta ley, algunas  pequeñas y medianas empresas principalmente no estarán en la posibilidad económica para cubrir el sueldo, las prestaciones sociales, los impuestos y demás  pasivos laborales.

La ley busca mantener un control estricto por parte de las autoridades financieras sobre las transacciones de efectivo, entre las que se consideran las rentas que cobran los arrendatarios de inmuebles para prevenir y detectar las que involucren recursos de procedencia ilícita.

Luego de la entrada en vigor de la nueva ley, los supuestos previstos en ella, en este caso los arrendatarios, tendrán un plazo de 30 días para conocer sus obligaciones y darles cumplimiento.

En México existen 28.6 millones de inmuebles, de los cuales 20% se arriendan, lo que significa que en aproximadamente 6.8 millones inmuebles se cobra renta, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que preside Eduardo Sojo.

De ese universo 340 mil cobran rentas superiores a 33 mil pesos y por el nivel de percepciones en que se encuentran, serán sujetos obligados a reportar el origen de sus ingresos ante la UIF. Esto solamente es para la fracción XV del Artículo 17 de la propia Ley, que son los sujetos de arrendamiento de inmuebles. Existen otras 13 fracciones.

El reporte enviado a esa unidad deberá ser por internet, pero la situación se complica si consideramos datos del INEGI, los cuales indican que sólo 30% del país cuenta con internet, por lo que 20 millones de hogares carecen de este servicio.

Buena parte de las obligaciones de los arrendatarios para cumplir con la Ley Antilavado de Dinero son imposibles de cumplir, entre las que se encuentran las siguientes:

Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; en esta caso los arrendatarios no son entes en el peritaje de la  certeza de veracidad de dicha documentación oficial, por lo que no podrían discernir sobre la misma, o sea, que la darán por buena aunque éstas sean falsas.

Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. La pregunta más importante: ¿qué pasará con las personas que no estén dadas de alta ante la SHCP? No se podría llevar a cabo la operación comercial.

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. En este apartado, ahora obliga a los sujetos a que contraten una persona extra para poder cumplir con esta obligación, en algunos casos las pymes no estarán en la posibilidad  económica para cubrir el sueldo, las prestaciones sociales, los impuestos además del pasivo laboral.

Presentar los avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. Esto indica que la persona encargada deberá cubrir con la capacitación necesaria, las empresas deberán invertir también en tecnología para cumplir con esta obligación.

Consejo global de ABI

Este jueves se realizó en México el consejo mundial de AB InBev.

Este no tiene nada que ver con el consejo de Modelo, el cual está previsto para principios de agosto y donde se modificará el actual board.

En el de la semana pasada asistió la plana mayor de esta que es la principal cervecera del mundo. Apunte a Carlos Alves Brito y las cabezas de las siete regiones del planeta: Luiz Fernando Edmond por Norteamérica; Francisco Sá por Latinoamérica Sur; Joao Castro Neves por Latinoamérica Norte; Michel Doukeris por Asia-Pacífico; Stuart MacFarlane por Europa Central y Este; Jo Van Biesbroeck, y Ricardo Tadeu por México, que ya es considerada una zona como tal. Asimismo considere a Sabine Chalmers, vicepresidente legal del grupo; Felipe Dutra, vicepresidente de Finanzas; Claudio García, vicepresidente de Tecnología; Bernardo Pinto, jefe de la oficina de Compras; Claudio Braz Ferro, jefe de la Oficina de Cadena de Suministros, y Miguel Patricio, jefe de Mercadotecnia.

El jueves por la mañana Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y presidente de Protego-Evercore, les dio una presentación sobre México y el entorno mundial

Por la noche del mismo día el consejo de AB-InBev cenó con integrantes del consejo de Modelo que va de salida. Por ahí anduvieron Jaime José Serra Puche, Luis de la Calle, Juan Cintrón Patterson, Claus Von Wobeser y Valentín Diez Morodo, entre otros. Llamaron la atención las ausencias de Carlos Fernández y María Asunción Aramburuzabala. A la cena asistió como representante del presidente Enrique Peña Nieto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

IEPS 20% a refrescos

La batalla que se avecina es la de las refresqueras y el gobierno.

Casi como un hecho le puedo reportar que la SHCP se apresta a fijar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas gaseosas, con lo cual se pudieran estar levantando unos 40 mil millones de pesos anuales. El gravamen se haría extensivo a los jugos.

De ahí que algunos suspicaces señalen que el primer indicio del nuevo tratamiento que a esos productores dará el gobierno lo vimos precisamente la semana pasada con los escarceos de la Procuraduría Federal del Consumidor que lleva Alfredo Castillo y de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios que preside Mikel Arriola con Coca-Cola, que encabeza aquí Francisco Crespo.

Como recordará, la controversia con la multinacional de Atlanta tuvo su origen con publicidad engañosa que pretende precisamente atajar el efecto que la ingesta de sus productos tienen en la población, la famosa campaña de las 190 calorías que dizque combaten la obesidad.

Fuentes de la Secretaría de Salud de Mercedes Juan anticipan que el IEPS a refrescos ahora sí va a ser una realidad. Pese y a la defensa que Coca-Cola y PepsiCo, la de Pedro Padierna, hacen vía ConMéxico que lleva Jaime Zabludovsky en el sentido de que la obesidad es un tema multifactorial y de educación, en el gobierno de Enrique Peña Nieto ven los impuestos como un mecanismo de freno que sí ayudará a combatir la obesidad.