Ficrea… qué se puede hacer

Uno de los muchos temas álgidos que tenemos en México últimamente es el de los ahorradores y Ficrea. Creada inicialmente para fomentar el ahorro popular, fue creciendo sin control ante la vista de autoridades y estudiosos del medio financiero, hasta lograr que muchos de sus clientes/ahorradores tuvieran cuentas con varios millones, entre ellos la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al mando de Édgar Elías Azar.

La financiera, propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua, hacía firmar a sus clientes un contrato en el cual se estipulaba un seguro para respaldar sus ahorros por 28,000 UDIS, cuando normalmente en una cuenta bancaria el seguro es por 400,000 UDIS y eso ahora deriva en que la gran mayoría de los ahorradores se encuentran con la sorpresa de que sus ahorros no se encontraban debidamente protegidos.

Hay varias cosas que valdría la pena preguntarnos: ¿Hubo algún fallo de las autoridades hacendarias en la fiscalización de Ficrea? ¿Cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores antes y después de la intervención de Ficrea? ¿Qué van a hacer las autoridades con los activos que tiene Ficrea? ¿Cómo fue posible que después de la intervención el señor Olvera pudiera disponer de 25 millones de pesos en efectivo y más aún: que pudiera disponer del dinero existente en las cuentas bancarias?

Resulta claro que Olvera Amezcua no es el único responsable  de quebranto a los ahorradores. Varios funcionarios podrían estar implicados en este multimillonario fraude, ya sea por negligencia o por corrupción y ninguna de las dos causas le son ajenas a los funcionarios públicos de este país.

Si bien es cierto la PGR, al mando de los administrativos y sanciones a las que sean acreedores por su negligente actuar. Segundo, buscar la manera de resarcir, ya sea con los activos de Ficrea o con los mecanismos que cuente la Condusef, que encabeza Mario Alberto Di Constanzo y CNVB, al mando de Jaime González Aguadé para que se les devuelva el dinero a los ahorradores en la medida del dinero invertido.

¿Qué se puede esperar de un sistema financiero en el que hasta el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha sido víctima de un fraude? ¿Será que las letras eran demasiado pequeñas que ni los abogados del Tribunal pudieron verlas?

No es justo que los ahorradores ahora, además, tengan que gastar en abogados para intentar recuperar su dinero a través de procedimientos legales en los cuales difícilmente les será reparado el daño. Queda en manos de las autoridades resolver el problema y esperar que no nos salgan con un “así es esto”.