Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

7 May, 2015

SCT e IFT preparan otro bajón de costos

Los costos de arrendamiento y compra de inmuebles en el sector de telecomunicaciones representan entre 20 y 25 por ciento de su costo de operación, de ahí que la definición clara de la política inmobiliaria en telecom, se vuelve trascendente para la construcción y modernización de las redes nacionales pública y privada.

Por eso le adelanto que hay un grupo trabajando en la definición de las reglas que acompañarán a la presentación de la política inmobiliaria en telecom, que cumplirá lo dispuesto en el transitorio 17 de la reforma constitucional de 2013, porque facilitará, inclusive, la estructuración del mercado secundario de infraestructura de telecomunicaciones.

Tenga en cuenta que aprovechar los inmuebles, los edificios, azoteas, torres y derechos de vía de la mejor manera posible, para hacer más fácil y menos costoso el despliegue de nuevas redes de infraestructura, se consideró como una de las prioridades que define la SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, y que ahora tocará delinear a la subsecretaria de Comunicaciones, Monica Aspe, y coordinarse para ello con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo pleno preside Gabriel Contreras.

El grupo está considerando reglas que definan condiciones de acceso y referencias de costos e incluso de pago de impuestos locales. Esto para hacer eficiente y accesible la renta de azoteas, que se ha vuelto el azote de operadores fijos y móviles, porque no sólo pagan al dueño del inmueble, sino la serie de trámites que llega a incluir pagos de sobornos a las autoridades locales para tender ductos, acceder a la red de postes, desplegar antenas o fibra óptica.

La política inmobiliaria tiene un fin claro: bajar costos y que éstos sean transferidos al consumidor. Así que espere pronto anuncios de la SCT sobre los avances en ese sentido, porque están trabajando a detalle la regulación, crítica para el despliegue de la red troncal o de banda ancha. Le digo, lo que han hecho calladitos, es bajarlo a nivel de detalle, en reglamentos y, pues el foco está en que existan referencias claras de valor en renta o venta y uso.

DE FONDOS A FONDO

Vienen pisando fuerte en el sector energético la consultora EnergeA, pilotada por Jesús Reyes Heroles, y la empresa internacional de eventos E.J. Krause, a las órdenes de José Navarro. Ambos plantaron hace poco la semilla de una alianza enfocada a materializar la Reforma Energética en toda la cadena productiva.

Fruto de esta cosecha es Energy México 2016, el primer evento dirigido a impulsar la generación de negocios entre la iniciativa privada energética nacional e internacional.

Este espacio de referencia ya cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía y permitirá acceder a un área de exposición con las últimas novedades en financiamiento, tecnología y proveeduría, así como a un ciclo de conferencias con expositores de talla mundial sobre las principales claves regionales y globales en el sector.

Como ha sido difundido, el gobierno de Estados Unidos, le otorgó una de las tres licencias para el servicio de transporte de pasaje y carga entre Florida y Cuba a la empresa mexicana Baja Ferries, cuyo accionista mayoritario es Mariano Ruano, y su socio es Daniel Berredi.

Le comento que invertirá 100 millones de dólares y la pondrá en marcha con un solo ferry. Ésta evalúa si es entre Miami o Tampa y La Habana, con tres viajes redondos semanales; lunes, miércoles y viernes, que serán de ida a la isla; y martes, jueves y domingo de vuelta a Miami, con capacidad de mover a mil pasajeros. Respecto a la carga, Baja Ferries tiene desde 2005 licencia por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento de Estado.

¿Promoviendo inversión en zonas marginadas?, –fíjese que por segundo día consecutivo, registra un paro de labores forzado Chicoasén II, por un grupo de personas ajenas a la construcción del proyecto hidroeléctrico que encabeza María de Jesús Olvera Mejía, una dirigente de la CTM en Chiapas, que pelea por la titularidad del contrato colectivo de obra que ejecuta el consorcio OMEGA para la CFE.

Desde ayer cerca de 60 personas tienen tomado los caminos de acceso de ambos márgenes del río, mientras más de 600 trabajadores chiapanecos están a punto de perder el empleo, y ninguna autoridad estatal o de la STPS se ocupa de resolver el problema. La central que estará equipada con tres turbinas tipo bulbo y tendrá capacidad instalada de 240 Megawatts, aportará anualmente 591 gigawatt-hora al sistema eléctrico nacional y estará en servicio en 42 meses si este tipo de eventos no lo obstaculizan.

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