Triple dosis de malas noticias

Las valuadoras Standard & Poor’s, Moody’s y HR Ratings nos recetaron ayer una triple dosis de malas noticias para la economía y el sistema financiero.

Standard & Poor’s bajó la perspectiva de la calificación de crédito de México a negativa desde estable, lo que implica que podríamos bajar de BBB+.  Y sin bien esto no significa que de inmediato vayamos a perder el grado de inversión que tanto trabajo nos costó conseguir, sí estamos en la antesala. De hecho es sumamente difícil que una vez que una de las grandes valuadoras baja a perspectiva negativa una calificación, de marcha atrás y más aún considerando que S&P destacó la vulnerabilidad de la economía mexicana por el incremento en la deuda gubernamental. De acuerdo con S&P, la deuda neta del gobierno federal podría aumentar a un rango de entre 47% y 48% del PIB en los próximos dos años, frente a 45% actual debido al déficit fiscal y al bajo crecimiento del PIB.

Por otra parte, Moody’s bajó a negativa la perspectiva del sistema bancario ante la expectativa de que se incremente el riesgo por el aumento de la cartera de crédito frente al bajo crecimiento económico. Aunque lo bancos están muy sólidos en su índice de capital Moody’s considera que por sus presiones fiscales el gobierno podría reducir su capacidad para apoyar a los bancos en una crisis.

Otra mala noticia es que HR Ratings revisó a la baja su estimación de crecimiento del PIB para México para este año a un rango de 1.6% a 2.1% que es hasta ahora el más negativo y está muy por debajo de la meta de la SHCP que se redujo a un rango de 2% a 2.6 por ciento.

Aunque la SHCP insiste en ver el vaso medio lleno, para HR Ratings, no hay duda de que la economía mexicana está en un proceso de desaceleración mayor al previsto.

NO HAY INICIATIVAS PARA AUMENTAR AHORRO OBLIGATORIO

 Al inaugurar la 1ª Convención de la Amafore, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, no hizo ninguna referencia hacia el más grave problema y reto de las afores, que es la necesidad de incrementar el ahorro obligatorio aunque posteriormente dijo que México todavía tiene tiempo razonable para fortalecer su sistema de pensiones para evitar una crisis como la chilena.

Todo indica así que la estrategia del gobierno en lo que resta del sexenio será seguir fomentando el ahorro voluntario y no se enviará al Congreso ninguna iniciativa para modificar la ley e incrementar el ahorro obligatorio que es de sólo 6.5% del salario, aunque en el caso de Chile, donde hoy están las protestas por las bajas pensiones y el ahorro obligatorio es el doble.

Ni Carlos Ramírez, presidente de la Consar, ni el presidente de la Amafore, Carlos Noriega, parecen compartir la paciencia de Aportela. Ramírez señaló que entre menos tiempo se tarden en incrementar las aportaciones obligatorias, se verán menos afectadas las pensiones de los trabajadores. Entre más tiempo se tarden en discutir con seriedad este tema, quienes se verán afectados serán los trabajadores.

Por su parte, Noriega aseguró que para mejorar las pensiones de jubilación de la generación postafore, será necesario incrementar las aportaciones obligatorias a 15% del salario frente a 6.5% actual, no de golpe desde luego sino con una gradualidad de diez años.

El problema evidentemente es que aumentar el ahorro obligatorio por ley implicaría un efecto negativo tanto para las empresas como para la generación del empleo porque aumentaría el costo laboral. También resultarían afectados los propios trabajadores al disminuir su percepción mensual.

Hay que añadir el impacto político que no quiere asumir hoy el gobierno federal en plena efervescencia preelectoral, y molestia del sector privado por los bloqueos de la CNTE y la inactividad del gobierno.

RESCATA SCT CONCESIÓN CHIAPAS-MAYAB

La SCT, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, sorprendió al anunciar que ha rescatado la concesión que tenía la empresa Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab por “causas de interés público y seguridad nacional”, la concesión fue otorgada el 26 de agosto de 1999 y la SCT le dio a la empresa que impugnará el rescate, un plazo de 60 días para retirar y disponer de los bienes, equipos e instalaciones de su propiedad y se indemnizará a la empresa.