No es suficiente

El gobierno de Estados Unidos anunció que presentará una denuncia en contra de la calificadora Standard and Poor’s acusándola de haber engañado a los inversionistas en 2006 induciéndoles a tomar decisiones equivocadas y, por lo tanto, el gobierno de Barack Obama pretendería una indemnización de cinco mil millones de dólares.

Independientemente de que desde este momento se puede ver que llegarán a un acuerdo fuera de la Corte, como suele suceder en este tipo de asuntos, la realidad es que en el mundo se tiene que revisar el trabajo de las calificadoras de valores que, en el menos malo de los casos, son excesivamente procíclicas y en el peor de los mundos sólo generan un espejismo.

A finales de la primera década de este siglo se desató un debate en torno a cuál debe ser el papel de las calificadoras y si deben ser responsables jurídicamente sobre las calificaciones que emiten.

Es necesario tener claro que las calificadoras de valores son vistas por algunos como una garantía infalible de confiabilidad en un error por parte de los reguladores en todo el mundo, puesto que de entrada sólo pueden ver una muy pequeña parte de las cuentas del calificado que, además, es quien lo contrata.

Evidentemente no se puede considerar que las revisiones sean sobre todas las cuentas, pero sí aumentar la muestra con la cual se hace el análisis. En segundo término se tienen que establecer normas adecuadas para que un emisor no pueda cambiarse libremente si no le gusta lo que dice de ellos la calificadora. Algunos llegan al extremo de proponer que sean los inversionistas quienes paguen a las calificadoras y no los emisores.

En las recientes crisis financieras internacionales jamás las calificadoras de valores han podido advertir sobre el riesgo; por el contrario, cuando se están dando expansiones de colocaciones son excesivamente optimistas.

Es necesario establecer nuevas reglas de operación para las calificadoras de valores, no basta con una multa aislada por parte del populista gobierno de Obama sino una revisión integral de cómo operan y qué tan corresponsables son de las emisiones a los que ellos dan sus avales.

Despedido

Juan Molinar Horcasitas es un hombre que cree que la política es para ejecutar sus venganzas personales o superar sus frustraciones, luego de que fue un par de veces corrido durante el gobierno de su “amigo” Felipe Calderón.

Tuvo un pésimo desempeño como director del IMSS (bastaría recordar la irresponsabilidad institucional que originó la tragedia de la guardería ABC) y peor aún, como secretario de Comunicaciones y Transportes.

No hablaremos por el momento de lo que no hizo, sino que durante su gestión se generaron las condiciones incluso para que la FAA degradara a las autoridades mexicanas de aviación.

Está probado que utilizó fondos de la SCT para defenderse de las acusaciones que presentaron en su contra los afectados por la explosión de la guardería en Sonora.

Cuando se buscan las razones por las cuales la candidatura de Josefina Vázquez Mota fracasó y el PAN quedó en tercer lugar, luego de haber ganado dos elecciones presidenciales consecutivas, destaca que Molinar Horcasitas aplicó una venganza porque él quería ser el coordinador de la campaña y de ahí que le haya escatimado todos los recursos a la que debió haber sido su candidata.

Ahora, desde Acción Nacional, se dedica a campañas de rencor y venganza no sólo en contra de quienes fueron sus compañeros de gabinete, a quienes jamás enfrentó abiertamente, sino para realizar venganzas personales en contra de quienes han mostrado su pésima actuación.

Gran parte de los temas que hoy se encuentran atorados en el sector de las telecomunicaciones que impiden una mayor y mejor competencia en el sector tienen que ver con los absurdos intentos de venganza de Molinar Horcasitas en contra de quienes no lo apoyaron, según su visión.

Las actitudes de este hombre corresponden a las que tenían los políticos durante la administración de José López Portillo. Es una lástima que el PAN mantenga a este tipo de cuadros.

Mentiras

Mientras que algunos equivocadamente tratan de hacer creer que la aviación se encuentra en crisis por la falta de Mexicana de Aviación (a la que sólo extrañan algunos de sus trabajadores que siguen viviendo en una grave incertidumbre jurídica), la realidad sigue vapuleándolos.

Uno de los supuestos argumentos que tienen los que creen que el gobierno debería rescatar a la línea aérea es que se ha perdido conectividad, lo cual resulta ser una verdadera mentira.

Tan sólo ayer arribó al aeropuerto internacional de Mérida el primer vuelo de Volaris, como parte de la expansión que está realizando la línea de Enrique Beltranena hacia los aeropuertos del sureste operados por ASUR, presidida por Fernando Chico Pardo.

Confirmación

El lunes había quienes decían que esta semana sería crucial para el futuro de Mexicana de Aviación; sin embargo, lo único que podría definir el destino de esta línea aérea es que la juez que lleva el concurso, Edith Alarcón, decidiera la quiebra de la empresa, una medida que se daría a favor de los trabajadores que recibirían su liquidación y que permitiría a la base de mantenimiento MRO ser vendida a un inversionista serio, como los que de hecho existen, para no sólo mantener las mil 500 fuentes de trabajo que tiene, sino también para entrar en una nueva fase de expansión.

Tristemente eso no va a suceder, puesto que los dos grupos de vividores que persiguen a esta línea aérea presentarán recursos no sólo para quejarse de las causas por las cuales fueron eliminados, sino también para cuestionar al otro en el remoto y poco probable caso de que uno de los dos sobreviviera.

Tanto Fides como Med Atlántica están jugando a favor de los marranos que siguen cobrando sueldo, así como de Gastón Azcárraga, quien es el principal beneficiario de esta situación y que, además, está logrando evadir la responsabilidad legal en la que incurrió en este proceso de quiebra fraudulenta.