Prohíben a bancos ventas atadas, retención de clientes y CFC diagnóstico en 120 días

Para el gobierno federal, la excesiva concentración del crédito que existe en cinco grandes bancos es razón de que no exista competencia en el sector y se dificulte la ampliación de la oferta.

De acuerdo a la presentación de la reforma financiera que se iba a realizar ayer, BBVA-Bancomer de Vicente Rodero, Banamex-Citi de Javier Arrigunaga, Banorte-Ixe de Alejandro Valenzuela, Santander de Marcos Martínez y HSBC de Luis Peña monopolizan 74% del crédito del país, lo que limita el acceso y cobertura del mismo.

La propuesta de reforma que será enviada en los próximos días seguramente a la Cámara de Diputados no pretende reducir las tasas de interés por decreto, sino ofrecer mayor flexibilidad e incentivos para que la banca comercial y de desarrollo den más créditos y más baratos.

Un detonador va a ser estimular la competencia, por lo que dicha reforma establece que una vez que se apruebe se solicitará a la Comisión Federal de Competencia (CFC), aún presidida por Eduardo Pérez Motta, que realice en 120 días un diagnóstico sobre la situación de la banca.

De su resultado se desprenderán acciones del propio organismo antimonopolios, así como de la Secretaría de Hacienda que lleva Luis Videgaray, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comanda Jaime González Aguadé, y Banco de México, que gobierna Agustín Carstens.

La misma reforma prevé el fortalecimiento de la portabilidad de operaciones entre instituciones, lo que permitiría a los clientes dejar sin mayores complicaciones un banco para trasladarse a otro que les ofrezca mejores condiciones y servicio.

Otro punto relevante en la propuesta de reforma financiera es que se prohíben de manera explícita y se sube a rango de ley que los bancos no podrán realizar en lo sucesivo ventas atadas y también se prohíbe explícitamente entre entidades de grupos financieros.

De igual forma se anticipa facilitar la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de empréstitos, a fin de promover la competencia de los bancos.

Asimismo, la reforma financiera considera la posibilidad de que exista un buró de crédito universal, lo cual otorgará al Estado una herramienta para facilitar el acceso a información crediticia para nuevos participantes del sector financiero.

También se fortalecerán las atribuciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), instancia que preside Mario di Constanzo y a cuyos dictámenes técnicos que emite se les dará carácter de títulos ejecutivos.

En esa tesitura se ampliarán sus facultades, para que esa misma instancia determine cuáles son las sanas prácticas para la comercialización de servicios financieros.

La reforma financiera establece la simplificación de los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y consecuentemente una disminución en las tasas de interés.

Se mejorará el marco jurídico que regula los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia de dichos procesos.

Con fundamento en el artículo cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito, se propone establecer un mecanismo de evaluación a los bancos y facultades para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores imponga medidas para canalizar mayores recursos al financiamiento.

Se establece un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con los niveles de crédito colocado y se establece que se deberán tomar en cuenta dichas evaluaciones en el otorgamiento de autorizaciones de parte del regulador.

Se plantea la facultad para que la misma comisión imponga medidas para que los bancos canalicen mayores recursos al financiamiento, entre las que se incluyen límites a las operaciones con valores que realicen las instituciones por cuenta propia, así como límites diferenciados dependiendo del tipo de valor con el que se opere.

La reforma propone modificar 38 leyes a través de 14 decretos.

De White & Case

Se calienta el pleito entre GAP y Grupo México. Resulta que el “accionista” que demandó la cancelación de la asamblea que las huestes de Germán
Larrea habían solicitado para ayer resultó ser Raúl Fernández Briseño, del despacho White & Case, el asesor legal externo del grupo que preside Eduardo Sánchez Navarro, Laura Diez Barroso y Carlos Laviada.

Es obvio que la demanda fue la simulación de un juicio, es decir, se crea la apariencia de que el pupilo del bufete que encabeza aquí Vicente Corta planteó un pleito judicial en contra de su propio cliente.

Evidentemente no estamos frente al caso de un abogado que demanda a su propio cliente, sino de un abogado y una empresa que se prestan a simular un procedimiento judicial, lo cual puede constituir fraude procesal, fraude por simulación y falsedad, además de la prevaricación y la falta ética grave cometida por el profesional de esa firma que por lo menos en México da muchos tumbos.

Téllez condenado

Independientemente de que Luis Téllez sea reelegido como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ayer trascendió que el Juez 27 de lo Civil lo condenó a pagar a Elektra una indemnización por daño moral cuya cuantía será liquidada en ejecución de sentencia.

La resolución judicial lo condena adicionalmente a publicar a su costa un extracto de la resolución final del juicio y le fija un impedimento para seguir desempeñando los cargos de presidente y director de la BMV, de conformidad con la legislación aplicable y en forma particular con el artículo cuadragésimo quinto de lo civil de los estatutos sociales de la
propia bolsa.

El grupo de Ricardo Salinas acusó a Téllez de difundir información falsa que afectó la bursatilidad, valor y desempeño de esa emisora, violando su actuación como profesional bursátil que se supone le confiere el puesto.

Maxcom: hora cero

Hoy por la noche se sabrá si Maxcom cambia de dueños, o bien empieza a tomar la ruta de un Concurso Mercantil en México y se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Y es que vence el plazo de la oferta que lanzó Ventura Capital para intercambiar el bono de 200 millones de dólares en poder de bondholders que en cuatro ocasiones anteriores no han acudido al llamado de este vehículo, que manejan al alimón Enrique Castillo Sánchez Mejorada y Javier Molinar Horcasitas.

Los custodios del papel son instituciones como Deutsche Bank, UBS, JP Morgan y Pershing, algunos de los cuales han recomendado la compra. Sin embargo, hay otros fondos encajados más en operaciones de retail que no quieren subirse a la reestructuración.

Blanco en la recta

Y mañana jueves por la noche también se sabrá si Herminio Blanco pasó a la última ronda para disputar la dirección de la Organización Mundial de Comercio (OMC), posición que dejará en junio el francés Pascal Lamy.

Los momios favorecen al mexicano, quien ha logrado el respaldo de países como Gran Bretaña, Francia, España, Canadá y particularmente Alemania vía la propia Angela Merkel.

En América Latina lo apoyan Chile, Perú, Colombia y Guatemala, amén de algunas naciones de África, que mantienen voto dividido a favor del brasileño Roberto Azevêdo, quien junto con la indonesia Mari Pangestu son los rivales a vencer. Así que ya no falta mucho para que se descorra el velo. El resultado se conocerá oficialmente el viernes por la mañana.