Mexicana, por fin nombran interventor

Mañana se cumplirán 32 meses desde que Mexicana de Aviación suspendió sus operaciones el 28 de agosto de 2010 y se inició el concurso mercantil, el más largo, complejo y peor manejado desde que surgió en 1999 la Ley de Concursos Mercantiles que sustituyó a la Ley de Quiebras, que fue modificada por abusos de algunas empresas como Altos Hornos de México, que con una deuda de mil 800 millones de dólares aún permanece sin llegar a un acuerdo con sus acreedores.

El concurso de Mexicana de Aviación está lleno de anomalías e irregularidades permitidas y en muchos casos fomentadas primero por Felipe Consuelo y después por Edith Alarcón, los dos jueces que en estos casi tres años han alargado el juicio. Desafortunadamente, con la complicidad o ineficiencia o ambas de la titular del Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom), Griselda Nieblas, han engañado a los trabajadores con la esperanza de que sí hay un postor con solvencia económica que reflote a la aerolínea.

Son tantas las anomalías en el concurso de Mexicana que en la reforma financiera se propuso una modificación para dar más certidumbre a los acreedores al ratificar su derecho a nombrar un interventor y para limitar los poderes que tienen hoy tanto el juez como los conciliadores, como Gerardo Badín, quien maneja Mexicana sin rendir cuentas a nadie.

Badín “convenció” primero a Consuelo y luego a Alarcón de que tiene ya un acuerdo con más de 50% de los acreedores, como lo marca la ley, con una quita de más de 90% al pasivo total, que supera diez mil millones de pesos.

Badín no ha presentado este supuesto convenio que no incluye a los principales acreedores de Mexicana: Bancomext, dueño de los únicos nueve aviones que le quedan a la aerolínea, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que tienen los adeudos no sólo de Mexicana y de sus subsidiarias, Clik y Link, sino también de la base de mantenimiento MRO.

No extraña, por lo tanto, que ante la necedad de Alarcón de no declarar la quiebra de Mexicana y el supuesto Convenio, el gobierno federal, en su carácter de acreedor de más de 10%, haya nombrado a Fernando Pérez Correa como interventor.

Es el segundo intento de nombrar un interventor por parte del gobierno porque no hay que olvidar que Consuelo no permitió que Vicente Corta de White and Case fuera interventor y aunque su arbitrario comportamiento le costó dejar el caso de Mexicana, su sucesora ratificó la negativa y aunque después aceptó, Corta ya no quiso ser interventor.

La  meta es dejar MRO en masa concursal

Ahora Alarcón no podrá negar el nombramiento de Pérez Correa y la razón principal por la que la SCT se decidió por un interventor es porque trascendió que Alarcón y Badín pretenden dejar fuera del concurso mercantil a MRO, que es en realidad, junto con la marca, el único activo que tiene Mexicana.

Lo que al parecer se pretende al separar a MRO es que la misteriosa empresa Tenedora K, cuyo único socio visible es Jorge Gastélum, pudiera quedarse con este activo, ya que es dueño de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, tenedora de Mexicana y sus subsidiarias y que vendió Gastón Azcárraga el 20 de agosto de 2010 en una operación irregular y por la ridícula cantidad de mil pesos.

Desde luego, si se dejara fuera a MRO de la masa concursal, los trabajadores de Mexicana se verían afectados en su indemnización, que ya de por sí se ha visto muy mermada tras tres años de concurso mercantil.

Balance: Ricardo del Valle, Rodrigo Morales y Pérez Motta.

En el balance semanal, el Premio Limón Agrio otra vez para Ricardo del Valle, dirigente del Sindicato de Sobrecargos (ASSA) porque aún no hay acuerdos que eviten la huelga el próximo 31 de mayo en Aeroméxico. Envalentonado por una posible requisa, Del Valle sigue sin ceder sus pretensiones de incrementos salariales y de prestaciones.

La próxima audiencia será el 29 de mayo y mientras tanto sigue también el proceso del conflicto colectivo de naturaleza económica que tiene como próxima fecha de audiencia el 7 de junio pero en la etapa de presentación de pruebas tendrán que declarar más de 80 sobrecargos a quienes se les hará un estudio socioeconómico para comprobar sus ingresos reales.

El Premio Naranja Dulce es doble: para Eduardo Pérez Motta, y Rodrigo Morales, comisionados de la CFC.

Ambos hicieron pública su decisión de no presentarse en el concurso para selección de comisionados de la nueva CFCE, porque siempre se han manifestado en contra de la posibilidad de que se reelijan los comisionados, ya que se correría el riesgo al final de sus periodos de que sus opiniones no fueran imparciales y se vieran afectadas por su interés de permanecer en sus cargos.