Estímulo a la chatarrización… ¿Sólo eso?

Durante cuatro o cinco meses han estado trabajando coordinadamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gerardo Ruiz Esparza; la de Economía, de Ildefonso Guajardo Villarreal, y la Semarnat, de Juan José Guerra Abud, para poner en marcha un programa que permita la efectiva renovación del parque vehicular de camiones de carga con más de 20 años de antigüedad.

De hecho la Canacar, cuyo Consejo Nacional Directivo es presidido por Roberto Díaz Ruiz, personaje que destaca por su capacidad negociadora con todos los integrantes de las diferentes asociaciones de transporte de carga, hizo el planteamiento y éste fue apoyado activamente por Juan Carlos Muñoz, hoy presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, para que se establezca un programa de chatarrización dirigido a los hombres camión y el mercado informal del autotransporte.

De hecho, todo el programa ha ido construyéndose poco a poco, pero el anuncio de que podría incluirse un estímulo fiscal asociado a la destrucción de unidades usadas altamente contaminantes, y que habrá también un programa de placa única de autotransporte, le cambiará la manera de andar al sistema de transporte de carga por el país.

Y yo creo que el que el presidente Enrique Peña Nieto lo haya destacado como un programa ganar-ganar, hace parecer que para la Secretaría de Hacienda, de Luis Videgaray, se deberá convertir en una prioridad presupuestal ligada a la desaparición, por qué no, del régimen fiscal especial para el transporte en México.

Si usted lo advierte, la norma ambiental ya se emitió; la norma de condiciones físico-mecánicas para la circulación de los camiones de carga en carreteras que preparará la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Carlos Almada, saldrá una vez que en la segunda semana de septiembre el panel de expertos que se integró desde finales de la administración pasada, entregue el informe final sobre el impacto que causan sobre la infraestructura física del país y la seguridad vial tanto el peso como la dimensión de los camiones que circulan por ellas.

Pero si realmente quieren cerrar el círculo, aún les está faltando al grupo de secretarios coordinados cerrar la pinza en la parte que alimenta más la informalidad. Esto es, que prohíba la importación de autos provenientes de Estados Unidos que no cumplan con las normas de antigüedad y ambientales del país de origen, y completarlo con un registro vehicular que se ligue a la placa única en todo el país, para que nadie pueda hacerse de placas chocolate.

Y tercera, hablar con las organizaciones porque los “importadores” de chocolates son peores que la CNTE en aquello de paralizar el país y la ciudad cuando se les pisa el callo.

Mire, se advierte que el presidente Enrique Peña Nieto, con la declaración que hizo ayer y que en mi humilde opinión es muy relevante, tiene claro que chatarrizar 250 mil camiones implica destinar poco más de diez mil millones de gasto público, pero que no puede ir a las empresas medianas de transportistas, sino a la base de la informalidad, al hombre camión que hoy opera aproximadamente 50% de la carga en el país, sin huella fiscal.

Según la Canacar, el programa podría generar 27 mil millones de pesos en recaudación adicional en el sector, cantidades que parecen alcanzables si considera que la chatarrización tendría que ir a renovar una flota contaminante e insegura.

Y por último, un programa de esta naturaleza equilibraría de forma relevante la caída en las exportaciones de vehículos automotores y, por el impacto que tiene en la economía, mostraría que la administración está comprometida con el reimpulso de la dinámica interna usando el recurso público; subsidio acotado en tiempo y ligado a la formalización fiscal de toda la cadena del autotransporte.

Pero si dejan abierta la llave para que continúe la importación ilegal de vehículos chatarra, no de 20 años de antigüedad, sino de 10, el programa será un fracaso desde el día uno en que lo lancen. ¿O usted qué opina?

De Fondos a Fondo

Bueno. Después de los encuentros que tuvo Daniel Hajj con trabajadores y autoridades de Holanda, resulta que la Fundación Acciones B Preferentes (la que incluye a los inversionistas pequeños), creada en 1994 para defender “la identidad, continuidad e independencia” de la corporación de telecomunicaciones, ha decidido ejercer su derecho a voto de 49.9% de los accionistas e impedir que la firma mexicana consiga más de 50% de las acciones con derecho a voto de la empresa holandesa.

Yo creo que esta acción, movida por el CEO de KPN, Eelco Block, y que ha sido presentada como un mecanismo de defensa, está buscando un acuerdo de compra para que la firma mexicana acepte operar bajo las reglas y prácticas establecidas en Holanda y que alcance un acuerdo con la misma administración. Un acuerdo se tendría que presentar antes de la asamblea de octubre, pero si se ejerce ese derecho, se reducen las necesidades de financiamiento del corporativo mexicano y, por ende, le da más margen de maniobra porque la regla holandesa también protege el derecho del inversionista mayoritario en la toma de decisiones corporativas.