Difícil de comprender

Los procesos de dominancia que está realizando el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre Televisa y Teléfonos de México han generado cualquier cantidad de especulaciones.

El director de finanzas de América Móvil, Carlos García Moreno, afirmó en días pasados que “el valor de los activos escindidos equivale a 50% de los ingresos de Telmex”. El líder sindical de Telmex, Francisco Hernández Juárez, aseguró que la empresa desincorpora activos en previsión de que el IFT lo declare preponderante.

El jueves, como lo consignamos en la entrega previa de esta columna, la empresa emitió un comunicado de prensa en el cual asegura que las escisiones que ha hecho no están relacionadas con la prestación del servicio de las telecomunicaciones ni se trata de empresas que están sujetas a concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni del IFT.

En este punto hay, por lo menos, una contradicción entre lo que declaran el líder sindical (que bien podría estar muy mal informado o haciendo interpretaciones que no le corresponden), el ejecutivo de la empresa y la comunicación oficial de la propia compañía.

Entre los participantes del sector se han dado dos lecturas:

Primera. Que García Moreno y Hernández Juárez hicieron declaraciones que no únicamente no les corresponden, sino que además van en contra del interés de la propia compañía, es decir, que hay un serio problema de comunicación.

Segunda. Que existe una estrategia de la empresa para hacer que la regulación de la autoridad sea como ellos quieren y no como lo plantea la autoridad, es decir, enfrentarlos con hechos consumados y que la escisión se haga a modo.

Es importante destacar que de acuerdo con la condición séptima del título de concesión, Telmex debe solicitar autorización del IFT para enajenar sus centrales, equipos asociados, terrenos o edificios que resulten útiles para su operación telefónica. Los activos que reconoce haber vendido la empresa en su comunicado de prensa tienen que ver justamente con esta condición.

En esta columna hemos señalado una y otra vez que las estrategias que puedan seguir las empresas para adelantar o minimizar los efectos de la regulación de dominancia y preponderancia son, hasta cierto punto, ociosas.

Hasta el momento, el instituto que preside Gabriel Contreras no ha hecho ningún pronunciamiento sobre estos procesos que inició desde diciembre, más allá de que se harán con base en las reglas vigentes, es decir, sin esperar a que se emita la regulación secundaria en materia de telecomunicaciones.

Quien diga en este momento que conoce con detalle cómo aplicarán las normas de dominancia y preponderancia miente, puesto que el IFT inició los procesos aun antes de tener una definición clara y la ha venido construyendo con base en la reforma constitucional y las leyes aplicables.

Es claro que cualquier maniobra que pretenda eludir la regulación en los términos que sea diseñada por la autoridad no sólo debe ser expuesta, sino sancionada por la autoridad.

El presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado cuál debe ser el camino de las reformas y ese pasa, necesariamente, por evitar que los de siempre hagan regulaciones a modo.

Preferente

En los últimos días hay muchos opinadores que parecerían estar convencidos de que el Presidente de la República utilizará la facultad de la iniciativa preferente para sacar la regulación secundaria de la Reforma Energética.

Sin embargo, se trata de una versión que carece de fundamento o, en el menos malo de los casos, de información. Los partidos políticos, señaladamente PRI y PAN, están trabajando en la regulación secundaria de la Reforma Energética y tienen la convicción de que, como señaló David Penchyna, tendrán listo este trabajo en 90 días y sin necesidad del acicate de una iniciativa preferente.

En el Congreso de la Unión existe también una percepción de que cometieron un error al obligarse a cumplir con la regulación secundaria del sector de las telecomunicaciones antes del 9 de diciembre y no hacerlo argumentando una gran cantidad de pretextos, como la carga de trabajo, y otros igual de absurdos.

Entre algunos legisladores hay quienes están preocupados porque algunos de los promotores de la Reforma a las Telecomunicaciones que estaban convencidos de que había que luchar en contra de los monopolios, se están convenciendo de que había que dejar las cosas como estaban.

Una señal muy preocupante salió de legisladores como Alejandra Barrales, quien parecería que cambió de opinión y ahora no quiere una mayor competencia en este sector de la economía.

Así las cosas, entre muchos legisladores que impulsaron desde el Pacto por México y en la Presidencia de la República hay claridad de que se tiene que dar un nuevo impulso, no sólo por el paso del tiempo, sino por la aparición de arrepentidos que ya no quieren la modernidad en el sector. Si quiere hacer una apuesta, no dude en que el Presidente de la República usará su facultad de iniciativa preferente para el sector de las telecomunicaciones.

Ajuste

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, confirmó su capacidad como operador político, además de experto en manejo de las finanzas.

Sabía que la Reforma Hacendaria generaría una gran cantidad de reacciones en contra, especialmente entre aquellos sectores que se habían beneficiado mucho durante los últimos dos sexenios; sin embargo, también que no podría romper con la iniciativa privada, como suelen hacer gobernantes populistas como los de Venezuela o Argentina con los lamentables resultados que hoy son imposibles de ocultar.

En ese contexto, siempre fue claro en decir que los cambios fiscales eran innegociables en el sentido, pero que no se tendría una posición apabullante. Así que simultáneamente comenzó a construir acuerdos con la iniciativa privada, encabezada por Gerardo Gutiérrez Candiani, para evitar que el cambio de rumbo fuera en contra del crecimiento económico y la generación de empleos.

Después de la reforma, la Secretaría de Hacienda ahora entra en una nueva fase anunciando un acuerdo en febrero con la iniciativa privada para dar certeza fiscal de largo plazo.

Sin lugar a dudas acciones como éstas demuestran que las necesidades económicas no están reñidas con la construcción política.