Turismo: prioridad para agenda legislativa

Dentro de las prioridades de la agenda legislativa está la de realizar una revisión integral del marco jurídico en materia turística, y eso incluye el elevar a rango constitucional e incluirlo en el artículo 25 de la Carta Magna como una actividad de carácter prioritario para el Estado.

Claudia Ruiz Massieu, la secretaria de Turismo, será la que efectivamente haya logrado convencer lo que voces tan variadas como el exgobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell y hoy secretario de Energía, en 2007, o don Miguel Torruco Marqués, en enero del 2013, pasando por representantes privados, han pedido.

Después de la crisis que se generó en 2009 tras la influenza, y cada vez que un fenómeno meteorológico afecta algunos de los destinos clave del turismo interior o receptivo (internacional), la actividad turística se torna mediática, pero el que es una actividad prioritaria se comprueba con el hecho de que según la Cuenta Satélite de Turismo 2013, conforma 7.5% del Producto Interno Bruto Nacional, y toca las siguiente actividades: transporte, servicios de alquiler, cultura y arqueología, desarrollo inmobiliario, comercio, artesanías, restaurantes y bares, centros de espectáculos, agencias de viajes y tour operadores, tiempos compartidos, segundas viviendas, hoteles y moteles, telecomunicaciones y servicios médicos.

Y además de la constitucional, la intención es establecer una legislación secundaria moderna que facilite la inversión en obras de infraestructura estratégica que detonen la actividad turística y tocar aquellos ordenamientos que se cruzan con el sector, como el de inmigración, seguridad, salud, etcétera, para que la coordinación sea obligatoria y permanente.

Por lo pronto, ese cambio implicará mayor presupuesto público coordinado con Turismo. Este año se espera que la actividad crezca en 8%, pero el énfasis ha sido puesto en flujos de divisas turísticas de internacionales y, con el aumento de presupuesto, se espera mejorar la infraestructura de las zonas de menor desarrollo social y mayor vocación turística.

Ahora, hay otras prioridades por grupo político, pero en el caso de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo que ayer aprobó la plenaria del PRI, estarían la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y, si bien el secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo que se modificarían 11 leyes secundarias, que incluyen 300 artículos y 17 títulos, recordemos que no todo es cable. Se incluye el régimen fiscal para las diferentes modalidades convergentes, troncales y satelitales, algunas como las del consumidor y competencia, pues recordemos que hoy hay facultades exclusivas.

Lo mismo ocurre con la energética, donde los 28 ordenamientos tocan desde Obra Pública, Contratación Pública, hasta los ordenamientos fiscales para el sector que se excluyeron de la negociación de la Reforma Fiscal en el periodo pasado.

Por ambas razones, estos dos ordenamientos irán en doble vía: la parte fiscal que derive en instrucciones presupuestales las realizará la Cámara de Diputados, y las leyes que tienen que ver con las definiciones “técnicas y fundamentales” de las actividades irían a Senadores, para que los legisladores puedan realizar un trabajo coordinado que al cruzarse ahorre tiempo, dinero y esfuerzo al Congreso y al país.

También ya hay acuerdo en la Ley de Responsabilidad Hacendaria de Estados y Municipios, pues Diputados le dará el sí al proyecto que viene del Senado, aceptando que la supervisión de empréstitos con garantía federal recaiga en una comisión bilateral; viene la reforma en materia de Competencia Económica para que la CFCE tenga mandato completo —la que le comenté para prevenir y sancionar lavado de dinero en la parte de tipos penales—; está listada en primera lectura la Ley del Servicio Ferroviario, en la que el compromiso es “no tocar en nada los títulos de concesión” vigentes, pero sí ampliar la competencia en el sector por tratarse de un servicio público prioritario obligando a la interconexión de viejos y nuevos operadores a través de la vía que es propiedad del Estado.

Agregue la recepción y revisión de la Cuenta Pública del 2013, la reglamentación de las cartas ciudadanas que incluye la iniciativa preferente ciudadana, la de derecho de réplica, la de candidaturas independientes, la anticorrupción, la de transparencia, que incluye modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Archivos Públicos, la de Registros Públicos de la Propiedad y de Catastro, que ya fue aprobada por congresos estatales en su parte constitucional y está por ser promulgada por el presidente Enrique Peña y ahora tiene que legislar la secundaria. Éstas se suman a la revisión que se iniciará en el Senado del Sistema de Seguridad Social y de Pensiones.

Por cierto, mañana en la noche se inaugura la plenaria del PRI y PVEM en Mérida, Yucatán, y estará encabezada por el senador Emilio Gamboa; el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello; la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y el titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín.

De Fondos a Fondos

El que PEP, que lleva Carlos Morales Gil, haya decidido asignar el contrato de diez años para la prestación del servicio de dos floteles a PMI Internacional, que dirige José Manuel Carrera Pannizzo, podría levantar suspicacias por aquello de que ambas son filiales de la misma empresa estatal.

De los ocho finalistas que quedaron al final, PMI contendió contra Técnicas Marítimas Avanzadas, el Grupo Evya, Servicios Marítimos de Campeche, Cotemar, MexShip, todas sin excepción empresas que han ganado licitación para operación y construcción de plataformas, etcétera.

Pero la mejor propuesta técnica y económica fue la de PMI, que al asociarse con el astillero Hijos de Barrera y acordar un trato preferente en el astillero de Navantia, ambos gallegos, lograron justar dos elementos: la construcción acorde con las necesidades de PEP para albergar entre 500 y 600 empleados en cada flotel que son cambiados cada 14 días, y el precio acorde con sistemas modernos que les bajen el consumo de combustibles y la emisión de desechos en la zona marina. La propuesta: cerca de 400 millones de dólares, cada una por diez años con administración total.

Para mí, la forma en que ha venido operando PMI Internacional muestra las capacidades que puede tener Pemex para competir como Empresa Pública del Estado.