Oportunidad única

La reforma constitucional a las telecomunicaciones, a pesar de algunos defectos particulares, va en el sentido correcto, es decir, romper con el profundísimo atraso que tiene el país en el sector, incluso comparado con naciones de menor grado de desarrollo, al tratar de dotar de herramientas a las empresas pequeñas para que puedan competir en contra de las que tienen posiciones preponderantes.

El corazón de esta reforma, que se creó en el extinto Pacto por México, es poner a los consumidores en el centro. De hecho, ese es el aliento que han tenido prácticamente todas las reformas económicas que logró el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones constitucionales que, sin duda, plantean una muy buena base para los siguientes pasos que deben darse.

Hay quienes han cuestionado el trabajo del organismo que preside Gabriel Contreras estableciendo que muchas de sus decisiones no tendrán un impacto inmediato o la capacidad de establecer sanciones verdaderamente fuertes en contra de las empresas que tienen preponderancia en determinado mercado.

Sin embargo, muchas de estas críticas (algunas de ellas fundamentadas si sólo se analiza una parte de la historia) tienen más que ver con las leyes secundarias a las reformas constitucionales a la competencia y las telecomunicaciones.

Hoy mismo se discutirá una siguiente fase de una ley de competencia que, como señalamos ayer, tiene problemas en cuanto a los contrapesos, los derechos de las empresas e incluso en el sentido que va en contra de las grandes empresas considerando que son intrínsecamente malas cuando el verdadero problema son las prácticas
monopólicas.

De acuerdo con todas las señales hoy serán presentadas las iniciativas de leyes secundarias al sector de las telecomunicaciones. De hecho, Emilio Gamboa consideró que podrán estar aprobadas antes de que termine este periodo ordinario en el Congreso de la Unión, al que le quedan 45 días.

Es importante recordar que las leyes secundarias a las telecomunicaciones debieron haberse aprobado antes del 9 de diciembre. Se dijo oficialmente que no se cumplió el plazo porque era irreal o porque simple y sencillamente los legisladores no tenían posibilidad de procesar los temas considerando la muy cargada agenda legislativa que se estaba desarrollando.

En la versión oficial del gobierno se concentraron en mantener una muy activa negociación con los partidos políticos, legisladores y las empresas del sector para que la presentación de estas leyes secundarias viniera ya muy trabajada y que prácticamente fuera un proceso mecánico su aprobación.

Independientemente del retraso y del proceso, es necesario tener claro algunos puntos que resultan fundamentales: las leyes secundarias a las telecomunicaciones deberán contener sanciones particularmente duras en contra de las prácticas monopólicas, así como un marco jurídico que le permita al IFT implementar leyes con gran fortaleza.

Se debe tener una particular claridad que en estas leyes secundarias deberán tener en su corazón a los consumidores que requieren de un sistema que promueva una competencia efectiva y eficiente.

El no establecer candados verdaderamente severos a las conductas en contra de la competencia no únicamente sería un agravio en contra de los consumidores y de aquellos que no tienen acceso a servicios como la banda ancha, sino que implicaría perder la única oportunidad de genera una competencia en un sector que durante décadas ha sido víctima del poder monopólico en contra del bienestar de las personas.

Si no se hace una buena regulación el país seguirá viendo frenado su desarrollo y capacidad para crecer.

No nos engañemos, si no se establece un entramado a favor de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones habrá que conformarnos con un México mediocre puesto que no habrá una nueva oportunidad en décadas de mover este sector.

Maistros

De las claridades que deja el escándalo de la Línea 12 de Metro es que se juntaron la corrupción política y financiera en detrimento no sólo de los habitantes de la Ciudad de México sino del país, porque se usaron ocho mil millones de pesos de fondos federales.

Marcelo Ebrard, de una manera cobarde, se ha tratado de esconder en montañas de papeles que de muy poco le servirán cuando se llegue al punto de establecer responsabilidades penales y haciendo creer que se trata de una campaña en su contra para descarrilarlo de su intento de presidir al PRD.

Quienes digan que se trata de una acción concertada entre los gobiernos federales y local para hacer quién sabe qué maniobras políticas es mucho más que un mentiroso y cómplice de la grave corrupción que se dio en este caso.

El proceso de construcción y arranque de esta línea estuvo plagado de irregularidades y corrupción. De un jefe de gobierno que buscaba usar su cargo para ser candidato del PRD a la Presidencia de la República, aun cuando de muy poco le sirvió, porque Ebrard se dobló muy fácilmente ante Andrés Manuel López Obrador.

Las constructoras, de una manera total y absolutamente alejada de la ética de los negocios, aprovecharon la coyuntura para tomar un negocio que no funcionaba, que no tenía viabilidad, pero que según ellos les reportaría muy elevadas utilidades. La realidad, es que estas empresas que ahora se hacen ofendidas más temprano que tarde tendrán que responder ante los tribunales por sus acciones.

Independientemente de la posición del consorcio, los más descarados son los de ICA. Los directivos de esta empresa de construcción, con una actitud de perdona vidas, creen que el problema es de comunicación y que lo arreglarán con desplegados, algunas entrevistas y, lo más grave, propalando mentiras.

Parecen a esos maistros albañiles que hacen malos trabajos, culpan a quien los contrata, ponen pretextos y ya sólo les falta hacer “san lunes”. Según ellos podrían arreglar su parte de la Línea 12 en pocos días lo que es imposible si se considera que la maquinaria que se requiere no está en México y tardaría hasta un mes y medio en llegar.