Otro retraso

Emilio Gamboa, sin lugar a dudas uno de los priistas mejor informados, declaró el miércoles que ayer se entregarían todas las leyes secundarias del sector de las telecomunicaciones e incluso aventuró que estarían listas durante los 45 días que le quedaban al periodo de sesiones.

Sin embargo no se cumplió. ¿Se equivocó voluntariamente el coordinador de los senadores del PRI? ¿Tenía mala información? ¿Qué fue lo que cambió?

Es difícil suponer que Gamboa estuviera equivocado o actuara de mala fe, entonces habrá que preguntarse cuáles son las razones que impidieron que se entregaran estas regulaciones que, dicho sea de paso, debieron haber sido aprobadas antes del 9 de diciembre según el texto constitucional.

De acuerdo con el calendario del gobierno de Enrique Peña Nieto los textos tendrían que ser entregados por estas fechas toda vez que estuviera concluida la discusión entre los legisladores y los demás agentes económicos.

Desde afuera parecería que la discusión ha sido bastante madura si se toma en cuenta que la reforma constitucional a las telecomunicaciones se realizó en la mesa del Pacto por México, que fue promulgada a mediados del año pasado y que se dieron 180 días para tener la ley, los cuales han rebasado por otro tanto.

Así, se debe considerar qué pasó. Algunos hablan de que surgieron puntos de último momento o que se buscó la mejor solución dentro del calendario de los legisladores y de ahí que se considere que podrían presentarla la semana próxima.

Sin embargo, otra alternativa que debe ser tomada en cuenta es que alguna empresa está utilizando todo su poder, con la ayuda de legisladores de la izquierda, para retrasar lo más posible la discusión y que no esté concluida en el periodo ordinario de sesiones, lo que le llevaría a una suerte de limbo.

Seamos muy claros. La reforma constitucional a las telecomunicaciones no es más que una serie de postulados y buenos deseos que no tienen aplicación práctica si no se establecen debidas leyes secundarias a través de las cuales se pueda cumplir con la visión de esta iniciativa que no es otra más que dar a los consumidores un mayor y mejor acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante una competencia que tenga como corazón la competencia entre los diferentes actores económicos.

Gran parte de las resoluciones que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidida por Gabriel Contreras, tomarán verdadera fuerza en el momento en que haya un buen entramado de leyes secundarias no sólo en telecomunicaciones sino en competencia económica.

Competencia

A pesar de que ya fue aprobada y enviada al pleno de la Cámara de Diputados la reforma constitucional a la competencia económica, todavía existe tiempo para tomar medidas adecuadas y no llevar el péndulo hasta el otro lado.

México, ciertamente, es un país sumamente afectado por la falta de competencia económica que no deriva, necesariamente, del tamaño de las empresas sino de las prácticas que se realizan.

La visión de los legisladores tiene como único centro terminar con el tamaño de las empresas y no necesariamente con las prácticas. Hacerlo en los términos planteados equivaldría a que se establezcan freno al desarrollo, la inversión y la innovación tecnológica porque en el texto estos podrían ser considerados insumos esenciales y ser “tomados” por una comisión a la que, sin duda, se le está dando demasiado poder.

Si se analiza el proyecto aprobado en comisiones y que pasó al pleno se verá que se le están dando poderes excesivos a la Comisión Federal de Competencia Económica entre los que destaca la posibilidad de determinar leyes; ser juez y parte en los procesos, toda vez que puede determinar el inicio de investigaciones sin realmente tener elementos objetivos y tomar medidas que podrían resultar ruinosas no sólo para las compañías implicadas sino, también, para otros agentes económicos.

Una cosa es estar a favor de las reformas estructurales e incluso los buenos planteamientos que se hacen a favor en la reforma de competencia económica; sin embargo, también se tiene que dejar claro que no se está tomando el mejor camino.

ICA

El consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom sabe que tienen que cambiar no sólo de discurso sino de actitud. Los problemas financieros para la constructora, que bajo el mando de Gilberto Borja, fue un orgullo para México, el cual ha sido enlodado y mancillado por sus sucesores quienes creen que son una suerte de dueños de la economía.

Cicatriz

Evidentemente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no está para complacer a los empresarios ni mucho menos el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, sin embargo no puede ignorarse el gran malestar que tienen muchos líderes de iniciativa privada en contra de las autoridades hacendarias.

Incluso, algunos líderes que son bastante mesurados como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, elevan de pronto el tono cuando se refieren a la relación con el SAT.

En esta columna hemos sostenido que el gobierno de Enrique Peña Neto ganó el derecho en las elecciones de conducir la política económica del país. Que no lo está haciendo solo puesto que la Reforma Hacendaria fue aprobada por la mayoría de los legisladores, es decir, no se trata de un acto autocrático y abusivo por parte del gobierno sino de una política que busca dar mayores beneficios a los que menos tienen.

Así, más vale que los líderes de iniciativa privada comprendan que son ellos los que deben tener una actitud de mayor cercanía. Mucho más constructiva con el gobierno puesto que evidentemente sí existe espacio para mejorar desde el punto de vista operativo sin que eso implique fricciones innecesarias.

Oceanografía

Las prácticas ilegales de Amado Yáñez no son, como creen algunos, un hecho aislado. En Oceanografía se construyó un entramado diseñado única y exclusivamente para robar. No se trató de una empresa que cometió ilícitos cuando las cosas se complicaron sino que su estrategia era robar. Lo que debe extrañar es que hayan durado tanto tiempo.