Sufre la economía por Estado de derecho

La economía mexicana no sólo sufre por las malas decisiones tomadas por las autoridades, sino por la fragilidad del Estado de derecho en México.

El propio expresidente Ernesto Zedillo, quien es sumamente cuidadoso al referirse al país, insiste en todas sus últimas intervenciones, que México necesita tres reformas: la de derecho, la de derecho y la de derecho.

El Estado de derecho se define como aquel donde la ley es el instrumento que guía la conducta de los ciudadanos y las instituciones en un país. Y en ello van implícitos la transparencia, lo previsible de las decisiones y la capacidad institucional para prevenir y solucionar eficiente y pacíficamente los conflictos. Y para que en un país haya un eficiente Estado de derecho se necesita que la ley sea el principal instrumento de gobierno, que la ley guíe la conducta de los ciudadanos y que los poderes públicos interpreten y apliquen correctamente la ley.

Es evidente que eso no está ocurriendo en México y no es un mal de este sexenio sino que es prácticamente la historia del país. No hemos logrado en los dos siglos como nación independiente.

En un clima con un Estado de derecho débil, la economía tiene enormes obstáculos para desarrollarse. Por eso tenemos escaso crecimiento, por eso hemos tenido crisis recurrentes; por eso, los ciudadanos sienten que hay una crisis económica que nunca termina.

Los datos duros sobre el tema son devastadores:

El Índice de Competitividad Global, realizado por el Foro Económico Mundial pone a México en el lugar 55 sobre 148 países.

Pero el desglose de dicho indicador nos dice que en independencia del poder judicial estamos en el lugar 90, en favoritismo gubernamental en las decisiones estamos en el 86, en costo para los negocios por crimen y violencia en el lugar 139, en la existencia del crimen organizado, en el 143.

Es decir, el lugar 55 significa que en promedio México anda debajo de la media tabla, pero cuando se ven aspectos relacionados con la vigencia y aplicación de la ley nos desplomamos hasta cerca del lugar 100 entre 148 países.

Acaso la mejor demostración de la poca vigencia de la ley en México es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI.

En 2013, dice dicho trabajo, se cometieron en el país un estimado de 33.1 millones de delitos, de los cuales sólo 6.2% terminó en averiguación previa, lo cual indica que 31 millones de delitos ni fueron investigados ni fueron castigados.

Nueve de cada diez delitos ni siquiera son denunciados porque los ciudadanos saben, ya que no pasa nada; que la atención es lamentable, los trámites engorrosos y la extorsión, frecuente.

En los delitos denunciados, en 30% no se inició averiguación previa y en entidades como Guerrero sólo se denuncian tres de cada 100 delitos cometidos.

Es lógico que en este clima de impunidad la economía no funcione bien.

Las empresas se enfrentan todos los días con intentos de fraude o con fraudes cometidos, con robos pequeños y grandes y el costo de vigilar instalaciones y asegurar operaciones golpea la rentabilidad de los negocios y se traduce en costos mayores para el público.

Por su parte, los consumidores son engañados por empresas como las gasolineras  o las gaseras que les surten litros ordeñados; por servicios que no cumplen lo prometido o por contratos que los afectan en su patrimonio por las letras chiquitas. Y nadie hace nada y menos, una Profeco desdentada.

México no puede seguir adelante si la ley no es vigente y no se aplica correctamente. Y este no sólo es un esfuerzo que deben hacer las instituciones de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, sino que los ciudadanos deben estar conscientes de que violar la ley ya no puede seguir siendo el deporte nacional por excelencia.

Hasta mañana con nuevas… Perspectivas.