Última oportunidad

No hay ninguna justificación para utilizar 2,600 millones de pesos de los contribuyentes para compensar a quienes fueron defraudados por Rafael Olvera, en Ficrea, con la endeble y poco creíble promesa de que se trata de créditos que se pagarán con la recuperación o gestión que se haga de la cartera.

Legisladores y algunos defraudados dicen que no es un “rescate”, porque se trata de un crédito. Hasta el momento nadie ha podido justificar que existen los activos que se suponen o cómo llegaron a la cantidad de un millón de pesos protegidos, cuando el seguro de depósito es de 25,000 UDIS, poco más de 130,000 pesos.

En el menos malo de los casos, se trata de fondos sobre los que existe una posibilidad o probabilidad baja de recuperar. Los legisladores no han atinado una sola vez a decir qué pasa en caso de no cumplirse el supuesto... Los demás conocemos la respuesta: Será con cargo a los contribuyentes.

El saldo promedio de depósito en la Sofipos son 7,500 pesos y, según senadores como Blanca Alcalá, son 14,000 pesos en todos intermediarios no bancarios.

Suponiendo, sin conceder, que existieran tales activos ¿cuál es la urgencia por monetizarlos?

Lo verdaderamente importante es que se está torciendo la ley para ayudar a un grupo de personas que, de acuerdo con sus firmas, conocían el riesgo al que estaban expuestos y están teniendo un trato tan privilegiado como inaceptable.

Si pretenden una solución rápida al problema también se equivocan. Los defraudados con saldos superiores a un millón de pesos se oponen a una salida que consideran discriminatoria, toda vez que el rasero fue puesto de una manera total y absolutamente arbitraria. ¿Por qué un millón de pesos y no dos millones?

LEYES

Los cambios a las leyes de ahorro y crédito popular tampoco tienen justificaciones: Se trata de un conjunto de opiniones y latidas de los miembros de la comisión bicameral de Ficrea que fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda.

Se dice que las personas físicas no podrán invertir más de un millón de pesos en estos intermediarios sin explicar cómo llegaron a esta cifra, que no le gusta a los participantes del sector puesto que sienten que les limita.

Se propone la desaparición de las federaciones que deberían preocupar la autorregulación. Si consideramos el tamaño de las Sofipos y que sólo en una se presentó un fraude, pues parecería que sí cumplían con su función o se trata de un asunto sujeto a opinión. Así, deberían hacer un trabajo mucho más serio de análisis.

El jueves estaba en la agenda aprobar el tema, pero no lo hicieron por fatiga o algo así. Queda la esperanza de que lo piensen dos veces y no sea votado este martes, para que se haga un trabajo serio con la ley y no se utilicen fondos públicos de una manera inaceptable.

TELESITES

La creación de Telesites, una operadora de torres de transmisión, escindida de América Móvil no tiene como objetivo cumplir con las reglas de preponderancia establecidas por el Instituto Federal de las Telecomunicaciones sino utilizar de una mejor manera esta infraestructura.

En el sector bancario se han registrado intentos para que las redes de cajeros pudieran compartirse de mejor manera. Los grandes operadores le han ofrecido a los pequeños el uso de la red.

Una gran cantidad de intermediarios bancarios podrían ampliar el tamaño de sus redes de operación, si utilizaran este beneficio que ha sido ofrecido entre otros por Bancomer a instituciones de menor tamaño.

En el sector de la radiodifusión debería considerarse un movimiento similar para la televisión abierta y la radio. Se trataría de una manera mucho más eficiente de usar esta infraestructura. En el caso del grupo económico en torno a Televisa hay una disposición expresa por parte del IFT para compartir este tipo de infraestructura mientras sea un agente preponderante.

El organismo que preside Gabriel Contreras tiene que enviar señales mucho más claras sobre la aplicación de reglas de preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión.