286 mil burócratas y conflicto de interés

Para recobrar la credibilidad y la confianza (el Presidente habló de una crisis de confianza), viene entre otras acciones, la declaración de conflicto de interés de los 286 mil funcionarios que trabajan en el gobierno federal: desde el Presidente hasta los jefes de área, pasando por subsecretarios, directores, analistas. Todos deberán presentar a partir de esta semana su declaración de conflicto de interés.

FAMILIARES, USO DE VEHÍCULOS, CASAS

Es el primer paso que dará la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Virgilio Andrade, para minimizar un tema que preocupa a la sociedad: la corrupción.

La declaración de conflicto de interés, o de relación de interés, es en la que los funcionarios públicos deberán poner no sólo si tienen familiares directos o familiares políticos, sino también deberán poner si cuentan con proveedores en el gobierno federal, que a la postre vayan a ser sus regulados o posibles vendedores.

Andrade verificará que las personas no tengan acciones de una empresa, o familiares, o uso de bienes prestados (ya sabe, los famosos aviones, o las famosas casas para vacacionar).

FUNCIÓN PÚBLICA CON FISCALÍA, TRIBUNAL Y AUDITORÍA

Este paso es interesante. La Secretaría de la Función Pública debe acomodarse al nuevo contexto: ya no se trata de tener un policía interno en un gobierno enorme, sino un vigilante que evite los conflictos de interés del día a día.

La dependencia va a tener que convivir con el nuevo entramado institucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

En primer lugar, habrá una Fiscalía, que dependerá de la PGR, la cual va a ser autónoma.

En segundo lugar, existen las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, con las que podrán revisarse las participaciones federales que llegan a los estados, donde la transparencia brilla por su ausencia.

En tercer término viene el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolverá casos más graves de corrupción, como puede ser el enriquecimiento ilícito.

Además, el entramado institucional se completa con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que logra transparentar la operación de la administración pública.

¿Y LA TRAMITOLOGÍA?

Para resolver el problema de corrupción también habrá que meterse a una cruzada contra la tramitología: Mientras más trámites, más corrupción.

Y desde luego, habrá de llevar a buen puerto el nuevo entramado institucional del Sistema Nacional Anticorrupción (falta que los estados lo aprueben en sus congresos locales). Mientras tanto, es un paso correcto el tener la declaración de conflicto de interés por parte de todos los funcionarios de la administración pública.

JUSTICIA COTIDIANA, TAMBIÉN EN ECONOMÍA

El CIDE, junto con otras instituciones, han propuesto avanzar en la justicia cotidiana para temas que, de verdad, se tardan años.

Hay muchos temas laborales, por ejemplo, el de los despidos, que dañan a trabajadores o empresarios, y pueden ser mucho más ágiles. Está toda la justicia cotidiana de pymes, que sufren de muchos vaivenes.

Este tipo de temas los analizó el CIDE, dirigido por Sergio López Ayllón, junto con otras instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Fueron siete foros temáticos. Salieron temas clave, como por ejemplo, el de revisar la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde cualquier diferendo laboral se tarda años y termina siendo dañino para el trabajador y el empresario. Hoy en día tenemos reformas macro importantes: laboral, telecomunicaciones, energía, competencia y fiscal, entre otras.

Las reformas no podrán traducirse en mejoras si no mejoramos las justicia cotidiana.

El presidente Peña Nieto se comprometió en enviar las iniciativas para estos siete foros temáticos. Al fin y al cabo son estas pequeñas reformas de la vida cotidiana, empresarial, laboral y familiar que le darán sustento a las reformas macro.