Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

Maricarmen Cortés

23 Jun, 2015

Zonas económicas especiales; hasta septiembre la ley

Será, seguramente, hasta septiembre cuando el presidente Enrique Peña Nieto envié al Congreso la iniciativa para la creación de las zonas económicas especiales. Como se recordará, fue en noviembre pasado cuando Peña Nieto anunció la creación de tres zonas económicas especiales en Puerto Lázaro Cárdenas que abarcará municipios aledaños de Michoacán y Guerrero; el corredor interoceánico de Coatzacoalcos-Minatitlán-Salina Cruz, y Puerto Chiapas.

Lo que se pretende es replicar en México el éxito que han tenido otros gobiernos, especialmente el de China, con las zonas económicas especiales que inició en Shenzhen y que se han emulado en el país con gran éxito, porque se han convertido en detonadores de desarrollo social y, desde luego, también en catalizador económico.

El compromiso que Peña Nieto anunció en noviembre es que, en febrero, se enviará al Congreso la iniciativa para la creación de las zonas económicas especiales que contemplará varias medidas, entre ellas estímulos fiscales; para esta tarea se nombró como coordinador a Abraham Zamora, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

El retraso se debe, en gran parte, al diseño en el programa que se seguirá en las tres zonas económicas para que realmente sea un éxito y, junto con la Secretaría de Economía, se definirá la vocación de cada puerto, como sería el caso de la industria automotriz y aeroespacial en el caso de Lázaro Cárdenas, y el petrolero en Coatzacoalcos y Minatitlán.

Se presentará un programa con objetivos a 30 años, y con estímulos fiscales para que se establezcan tractoras. De igual forma, se contará con una proveeduría, de infraestructura que fomente una mayor productividad y, desde luego, con medidas que garanticen la seguridad.

CFE, INVERSIONES POR 9,836 MILLONES DE DÓLARES

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Enrique Ochoa, anunció ayer, acompañado del secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, la licitación de 24 proyectos de infraestructura eléctrica y de gas natural por un monto sin precedentes de nueve mil 836 millones de dólares.

Ni duda cabe que Enrique Ochoa –a diferencia de Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex)– ha entendido mejor los retos que implica para la CFE la apertura de la Reforma Energética y metió el acelerador a fondo para sus programas de infraestructura.

En total son ocho proyectos de transporte de gas natural, porque, además de utilizarlo para la generación de energía eléctrica, lo que permite abaratar los costos, ahora la CFE competirá con Pemex en el suministro de gas.

Además, se licitarán cuatro centrales de generación eléctrica; tres proyectos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, así como nueve proyectos de distribución eléctrica.

La mayor competencia en gas y la reducción de costos en generación de energía eléctrica, es uno de los grandes e inmediatos beneficios de la Reforma Energética porque los usuarios tendremos acceso a gas y luz más baratos.

 ABM ANALIZA RESPUESTA A CONDUSEF.

Los bancos están más que molestos con Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por las declaraciones que hizo al presentar el micrositio sobre cláusulas abusivas en bancos e intermediarios financieros.

Se quejan de que, como bien reconoció la Condusef, no se analizaron los más de diez mil contratos registrados, sino una muestra de menos de 700 contratos y que algunos bancos ya han cambiado o corregido algunas de estas cláusulas.

Se espera que la Asociación de Bancos de México (AMB), que preside Luis Robles, presente en los próximos días una respuesta a Di Costanzo en la que ratifiquen su prioridad para atender a los clientes.

En el micrositio de la Condusef se presenta la información de los bancos como mayor número de cláusulas abusivas, pero en la mayoría de los casos se trata de una misma cláusula que se repite en varios contratos.

El problema inicia con definir qué se debe entender por abusivo y, evidentemente, no hay, ni habrá, un acuerdo entre la ABM que busca, ante todo, cobrar de manera más fácil, y la Condusef que tiene la obligación de defender a los usuarios.

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