Robo de combustible, ¿desafío legislativo?

Con cifras que llegan al escándalo, Petróleos Mexicanos, que dirige Emilio Lozoya, ha denunciado formalmente más de dos mil tomas clandestinas en la red de ductos que distribuye combustibles, lo que supone pérdidas anuales cercanas a los 17 mil 500 millones de pesos. De ahí que legislar en la materia es prioridad.

Pues le adelanto que en estas semanas, se trabajará en “afinar” la minuta que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores a finales de marzo y quedó barada en diputados, para que no se equipare el robo de combustibles y su venta ilícita, al del despacho de “litros de a litro” en las gasolinerías.

Dos temas distintos, uno de seguridad nacional y otro de servicio al consumidor, que generaron una fuerte distorsión y el torpedeo de la iniciativa, no tanto el “famoso secuestro” de la minuta que enviara la Cámara de Diputados al Senado.

Pemex no tiene cifras precisas de cuánto se roba de combustibles por la ordeña (parece poco lógico que no sepa cuando le mete al ducto y cuánto sale del tubo), pero la cada vez más frecuente “escasez” de combustible en algunas regiones del país está preocupando al sector privado, porque casi se convierte en “alerta crítica” para el transporte de personas y mercancías.

El asunto llega a tal grado, que es uno de los temas incluido como prioritario en el Comité de Competitividad y Productividad, que encabezan los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, con el sector privado, encabezado por el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez.

También hay preocupación por el contenido de la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, que integró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta, Omar Fayad, porque a diferencia de la minuta de Diputados (modifica los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes federales de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política, y contra la Delincuencia Organizada), porque pretende crear un nuevo régimen penal para las empresas privadas nacionales o externas que en un futuro refinen (administrar ductos) y abran gasolinerías.

Se puede notar el impacto que produjo tanto la penalización de la venta de “litros de a litro”, como lo segundo en los más de diez mil gasolineros del país, más cuando en el asunto de despachadores de gasolina, la NOM 005 es tan clara, como la apertura del sector a la iniciativa privada.

En conclusión, se ha decidido retomar la ley para establecer sanciones en concordancia con el tipo de delito, no equipararlos y, para integrar la minuta que envió en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados. ¡Borrón y cuenta mejorada!

Por ello, los senadores David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía; el secretario panista de la misma, Jorge Lavalle, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, se han dado a la tarea de convocar a las comisiones respectivas para revisar las dos minutas, “sumarlas” y presentarlas a los plenos en el primer mes del próximo periodo ordinario.

DE FONDOS A FONDO

Ayer le comenté mi extrañeza por el cuestionamiento en materia de transparencia que hicieron al proceso de licitación de la primera fase de la Ronda Uno, investigadores de Fundar y Transparencia, suponiendo una relación inexistente de Sierra Oil & Gas, con HIGA y el expresidente Salinas.

Puedo asegurarle que al menos en Transparencia Internacional, que preside Eduardo Bohórquez,  no hay tal cuestionamiento, pero sí la propuesta de que las empresas que participen en licitaciones futuras de la Ronda Uno, y las que integran al consorcio ganador, suscriban la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), un código de integridad en empresas petroleras y extractivas, que se abre paso entre inversionistas institucionales.

Desde hace ocho años, el expresidente de Transparencia Internacional, Federico Reyes Heroles, ha venido empujando para que Pemex se suba al código de integridad que proponen, lo que no sólo incluye procura y abastecimiento, contratos, sino manejo ambiental y seguridad industrial, entre otros.

Le puedo adelantar que el director Emilio Lozoya, reconoce que Pemex es una de las pocas empresas petroleras del mundo que no cumple con el  Código EITI, por lo que ha iniciado el proceso para sumarse a él.

Pero donde la resistencia es amplia es en los grupos mineros y creo que nuestro país debiera impulsar desde el Estado mismo, como concedente de exploraciones y explotaciones mineras en la Secretaría de Economía, podría requerirse que cualquier empresa nacional o extranjera que desee hacer minería en México, suscriba el código de integridad y sea verificable su cumplimiento.