¿Quién confía en quién?

Cualquier proceso de innovación entraña, como es natural, una etapa inicial de diagnóstico: para poder mejorar algo, es preciso saber primero cómo se encuentra. Es aquí donde los problemas cobran su importancia real, al enfrentarse con la frialdad de los números que establecen un marco de referencia. Así, el cambio ya puede ser medido, y los elementos dentro del sistema pueden ser modificados —o calibrados— para entregar los resultados esperados de acuerdo con un plan determinado.

Así es en cualquier sistema: a pesar de que los problemas sean evidentes, es necesario tener un punto de comparación bien definido para saber no sólo el impacto de los cambios sino también el estado actual de las cosas respecto de otros sistemas comparables. Un corredor de maratones, por ejemplo, necesita saber cuál es su propio tiempo para poder reducirlo; para mejorar el desempeño en un automóvil, primero hay que saber cuánto consume; si una compañía decide vender más, necesita saber contra qué compararse. Es de lógica elemental: el punto de comparación es, a la vez, medida y referencia de la situación inicial de cualquier proceso de cambio.

Por eso es importante —y preocupante en extremo— la publicación de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que contiene cifras actualizadas a septiembre de este año. Tan sólo el dato inicial es impactante: el 68% de la población de más de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El 73.2% de los participantes en la encuesta declaró que en los últimos tres meses ha escuchado o visto en los alrededores  de su vivienda situaciones de consumo de alcohol en las calles, mientras que el 66.6% lo ha hecho respecto a robos y asaltos, y el 57.6% sobre vandalismo.

Es espeluznante. En primer lugar, porque las expectativas son paupérrimas: quienes creen que las condiciones de la seguridad pública para los próximos 12 meses seguirá igual de bien son el 20.9%, mientras que quienes creen que mejorará constituyen sólo el 12.9% de, y es aquí donde las cosas deben interpretarse con cuidado: quienes ya consideran que las cosas están bien, para poder creer que algo seguirá igual, o mejorará, necesitan creer antes que las cosas están bien. En consecuencia, sería válido asumir que quienes se sienten inseguros no creen que las condiciones de seguridad pública estén bien, con lo que quienes sí lo hacen serían en realidad el 20.9% pero tan sólo de un 32%, esto es, alrededor de un 6.68 por ciento. En este mismo supuesto, quienes consideran que mejorará sería un magro porcentaje del 4.128. En esta tesitura, quienes creen que las condiciones seguirán igual de mal serían el 34.9% del 68% que cree que su ciudad es insegura, esto es, el 23.73%, y quienes consideran que empeorará serían en realidad el 20.26%. Terrible, de cualquier manera.

¿Cómo puede florecer una sociedad en la que dos terceras partes de la población miran con desconfianza a las otras tres? ¿Cómo es posible dialogar, hacer negocios, conseguir que se respeten los derechos de los menos favorecidos? La situación es preocupante: los mexicanos no sólo no confiamos en las autoridades, en los políticos, en la policía, sino que ni siquiera confiamos en poder regresar a casa a salvo. Y se refleja en cada uno de nuestros problemas sociales: nuestras comunidades se están convirtiendo en lugares en los que impera la violencia aprovechando la debilidad de las instituciones: la falta de Estado de derecho es un hecho constante y doloroso en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Desde la inseguridad en las calles hasta la corrupción en las más altas esferas; desde una licencia municipal hasta un crimen inconcebible: en México no se respeta la ley. El problema está planteado, y los parámetros establecidos. Es necesario que la sociedad se involucre y exija resultados: en una democracia moderna los hechos deberían tener prelación sobre las palabras.

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