Los gobiernos toleran la informalidad

Los gobiernos mexicanos de las últimas décadas han dedicado buena parte de sus esfuerzos y capital político a realizar reformas estructurales que permitan al país funcionar de forma más eficiente.

Aquí se enmarcan las privatizaciones y la firma del TLC realizadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; el reacomodo financiero e institucional, con la independencia del Banco de México, realizados por Ernesto Zedillo para cerrar la puerta a nuevas crisis; los avances en transparencia del sexenio de Vicente Fox o el de pensiones, con la reforma del ISSSTE, en el sexenio de Felipe Calderón y, desde luego, el gran esfuerzo transformador realizado en este sexenio.

Pero hay dos aspectos que los gobiernos no han querido tocar: la corrupción generalizada, porque combatirla significa atentar contra los privilegios de la misma clase política y la economía informal porque representa cortarle las uñas a muchos aliados políticos del sistema, y porque atenta contra la popularidad política aplicar la ley a los informales.

El tamaño de la economía informal en México es escandaloso y es claro que a los gobiernos no les interesa que se reduzca, a pesar de que eso significaría, sin hacer nada más, aumentar la recaudación de impuestos entre seis y siete puntos porcentuales del PIB, los que México necesita para fondear sus finanzas públicas sin necesidad de usar los ingresos petroleros y sin recurrir a la deuda.

Las estimaciones más serias, como las del Inegi, calculan que la economía informal del país representa, con cifras al 2013, algo sí como 25% del Producto Interno Bruto del país. Y si la cifra es grave, más aún lo es el hecho de que se mantiene constante a lo largo de los años. Un poco más arriba o un poco más debajo de 25 por ciento.
Datos del mismo Inegi indican que en 2015 se calcula en 13.7 millones de personas que trabajan en negocios informales; vale la pena recordar que los trabajadores inscritos en el IMSS, por empresas del sector formal, apenas llegan a 15 millones.

Los diversos gobiernos se han hecho de la vista gorda del problema, porque en realidad no es que los negocios informales no paguen impuestos, sino que no se los pagan al fisco. El mejor ejemplo son los tianguis y mercados sobre ruedas en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país. Hay líderes que le cobran a esos puestos el derecho de instalarse, con mecanismos tan sencillos como el cobro por lona o por metro cuadrado del “negocio”.

La economía informal surge no sólo porque es más barato operar ahí, sino porque las trabas para estar en el sector formal son inmensas. En México es más barata y fácil la informalidad. Es más eficiente tratar con los líderes que trabajar con la burocracia gubernamental.

Es decir, se debe combatir la informalidad no sólo aplicando la ley, sino destrabando exigencias y reglamentos que sólo empujan a los agentes económicos a la informalidad.

Pero también debiera ser claro para los gobiernos que es imposible que un país funcione cuando al menos la cuarta parte de la economía es informal.

Hasta el próximo lunes con nuevas… Perspectivas.