Y en medio de todo… la revisión de lavado

Le comenté que la detención de Carlos Djemal y sus socios en Chicago fue gracias a la investigación realizada por el SAT, de Osvaldo Santín, y su estrecha colaboración con el IRS.

Pero no deja de ser curioso el que este tipo de información que compromete particularmente a InvestaBank, que dirige Enrique Vilatela, justo cuando en México se lleva la supervisión del artículo IV del FMI. Además, un equipo técnico y multidisciplinario del FMI, BM, OCDE y BIS está revisando, como parte del FSAP (la cuarta que se efectúa a México), si el sistema de supervisión implantado en el sistema financiero mexicano en materia de Prevención del Lavado  de Dinero  y Financiamiento del Terrorismo (LDD/FT) efectivamente cumple con los estándares y objetivos de la guía incluida en los Principios del Acuerdo del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La revisión es crucial porque México entra a revisión de pares en enero de 2017 ante el GAFI y, justo por la forma en que el país ha levantado la voz en relación a los efectos en la relación financiera transfronteriza del de-risking y el cierre unilateral de la corresponsalía bancaria en EU y otros países avanzados, es que ambas auditorías resultan cruciales.

GAFI toca cada cuatro años y la última revisión fue en 2012, cuando México quedó en “pleno cumplimiento” y desde entonces a la fecha, las acciones del Departamento de Justicia de EU se han multiplicado para cuestionar, legal y en la práctica judicial, la transparencia y eficacia de los procedimientos de lavado de dinero en nuestro país.

La revisión FSAP implica que el sistema financiero y empresarial en su conjunto serán sometidos a pruebas de comprobación de: 1) que las empresas, clientes de los bancos y sectores vulnerables, entienden y tienen mecanismos para combatir el riesgo de lavado de dinero, 2) que la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Alberto Bazbaz, cuentan con las herramientas y modelos para identificar el riesgo, medirlo, procesarlo y llevarlo a juicio y, 3) si el sistema bancario y el financiero tienen la supervisión adecuada para comprobar que los procedimientos implantados por LDD/FT funcionan, son transparentes, se cruzan con información fiscal y si el sistema de averiguación del delito corresponde al esfuerzo realizado para sancionar a quien transgrede la ley.

Parece difícil porque apenas en la asamblea del GAFI de octubre pasado, se aprobó la “Guía del GAFI para Servicios de Corresponsalía Financiera”, que pretenden la implementación efectiva y probada de mecanismos que inhiban el uso de vehículos financieros, jurídicos o empresariales “oscuros”, en bancos y no bancos, para ocultar no sólo a los dueños sino  también los beneficios derivados de evasión fiscal, corrupción, piratería, ingresos de delincuencia común y de organizaciones criminales.

Hay una serie de intermediarios seleccionados para corroborar cómo opera el modelo y el foco está puesto sobre la actividad “fiduciaria”, la cambiaria, la emisión de cartas de crédito y depósitos que las avalen, e incluye el rol de los intermediarios profesionales independientes y sus relaciones con el sistema financiero nacional y global, para facilitar el ocultamiento de inversiones, o recursos derivados de actos de corrupción.

También se revisa la capacidad efectiva de la supervisión financiera sobre los “oficiales de cumplimiento” o gatekeepers (se supone aseguran la adecuada aplicación de los requerimientos GAFI), ya que se ha reforzado la cooperación con el Global Forum on Transparency y con el  Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum).

Retomo el principio. La coincidencia de escándalos políticos como el caso Duarte, que lleva algo así como 119 empresas fantasma, que derivó en recursos públicos y una fuerte investigación de la compra de bienes en EU, o el caso de Quintana Roo que documenta la Secretaría de la Gestión Pública de ese estado con 25 auditorías a los órganos internos de control de las dependencias y organismos desconcentrados del gobierno estatal; así como a obras realizadas en la gestión de Roberto Borge, para darle solidez a las denuncias que se presentarán dentro de los 60 días del proceso de entrega-recepción.

Sume a los casos de corrupción política el de Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, y quien se declaró culpable de haber desviado recursos públicos y adquirir cuatro propiedades en Texas, ya embargadas a favor del gobierno mexicano, por un total de 350 millones de dólares. ¿Usted cree que México pase la prueba con 10 como en 2012?

DE FONDOS A FONDO

#ProfecoAprieta. Sin escándalos y poniendo primero en claro la obligación de los proveedores de servicios y bienes en México, de entender cuáles son los derechos de sus clientes y cuál su obligación de cumplirlos, Ernesto
Nemer, procurador Federal del Consumidor, le está apretando al sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

Hay un total de 233 millones de contratos registrados, entre telefónicas, cableras y servicios satelitales, y es el que más quejas acumula de los consumidores con 28 mil en lo que va del año, de los cuales 92% se ha resuelto a favor del consumidor.

Primero fue AT&T, de Thaddeus Arroyo, el que firmó, después Axtel, de Rolando Zubiría; luego Dish México, de Joaquín Vargas. Ayer firmaron con Telefónica, que dirige Carlos Morales, para establecer un protocolo de verificación y capacitar a directivos y empleados sobre los derechos del consumidor (de 109 millones de contratos telefónicos, Movistar registra 27 millones y 2,398 quejas directas, la más baja de todos servicios pese a que recibió la multa más alta del IFT, de Gabriel Contreras, por calidad en el servicio) y, el jueves se sienta a Telmex, que dirige Héctor Slim, y Telcel, que lleva Daniel Hajj, la semana que entra.