Tácticas de combate

Petróleos Mexicanos anunció el viernes que a partir del mes próximo le pondrán marcas al combustible que produce, comercializa y distribuye como una medida para disminuir el robo y comercialización de productos robados.

La administración de José Antonio González Anaya ha iniciado una serie de acciones para combatir esta práctica, ésta tiene inspiración en la forma en la que el gobierno de Colombia combatió este ilícito en el que, sin lugar a ninguna duda, participa la delincuencia organizada.

De acuerdo con algunas fuentes, los delincuentes pueden vender litros de gasolina en el orden de los cinco pesos, es decir, en aproximadamente un tercio del precio actual.

Para realizar estas operaciones necesitan de la complicidad de funcionarios de Pemex, concesionarios e incluso pobladores de lugares donde están las tomas clandestinas.

Marcar el combustible es una primera acción que permitirá saber en qué punto de la cadena fue robado y quién lo comercializa.

Se dificultará sumamente que ocurran hechos como el de Puebla a principios de año, cuando los bloqueos, tras la liberación del precio, y las estaciones de servicio en aquella localidad cerraron al menos cinco que, muy posiblemente, vendían combustible robado.

Sin embargo, sólo es una de las primeras partes de la estrategia, puesto que avanzarán los controles para el intercambio de información entre las diferentes partes de la cadena de distribución. Hoy son evidentes las fallas de comunicación, lo que dificulta determinar entre merma y robo de combustible.

Adicionalmente, la empresa productiva del Estado busca hacer más eficientes los operativos con autoridades federales y locales para enfrentar los bloqueos de la población, los cuales se presentan cuando se descubre una toma clandestina y llegan las autoridades.

En Colombia funcionó llevar a la prensa para que tomara los rostros de los miembros de las comunidades que hacen los bloqueos y eso quitó los incentivos para que lo siguieran haciendo.

Es claro que Pemex debe tomar acciones determinadas y a fondo en contra del robo de combustible, pero debe hacerlo con gran inteligencia. No basta atacar las tomas clandestinas sino también todas las formas de robo de combustible y su comercialización.

En Colombia, el problema se minimizó por la vía de hacer que a los delincuentes les subiera el costo de vender combustible robado y sería pertinente que el gobierno mexicano siguiera una ruta similar.

NO QUE NO

La licitación de estaciones de FM, que aún no termina, demuestra que sí había mercado para nuevas estaciones de radio y que sí hay dinero para pagar por ellas. Los precios de referencia se hicieron con base en el precio de los refrendos, ya se han conseguido más de  mil 300 millones de pesos sobre este nivel.

MÁS ILEGALIDAD

En esta columna he venido documentando problemas en algunas instancias del Instituto Mexicano del Seguro Social vinculadas a casos de corrupción y abuso por parte de algunos de sus funcionarios.

Ahora es el caso de la delegación del IMSS en Guerrero, donde el coordinador del Departamento de Adquisiciones, Carlos Mucio Domínguez, quien actúa con el beneplácito de Arturo Betancurt, quien, a pesar de estar jubilado, parecería ser el director de facto del Instituto y es tío del actual delegado, Reyes Betancourt Linares, quien aparentemente sólo es un pelele de su pariente.

Las peores tropelías de Mucio Domínguez ya han sido denunciadas ante la Procuraduría General de la República. Beatriz Abundez Ramírez, Francia Gómez Mercado y Maxim Anaya de la Cruz han presentado sendas demandas en contra de Mucio por hostigamiento laboral y acoso sexual; sin embargo, hay indicios de que no son las únicas. Es necesario que las oficinas centrales del instituto que encabeza Mikel Arriola pongan atención en este asunto. 

DESCALIFICADO

Esta semana, la Secretaría de Salud deberá definir la sucesión dentro del Instituto Nacional de Salud Pública en un proceso que, en lugar de transparentarse, cada vez se hace más turbio por la presencia de algunas organizaciones como Alianza por la Salud Alimentaria y grupos mucho peores como El Poder del Consumidor.

Estas dos organizaciones últimamente se han hecho las víctimas de algunas extrañas campañas y están atrás de una guerra llena de falsos o, por lo menos, visiones que no han sido comprobadas. De hecho, la más reciente fue intentar, nuevamente, lograr aumentar el IEPS a las bebidas azucaradas, a pesar de que los datos demuestran la inoperancia de este impuesto.

Estos grupos, que de acuerdo con algunas versiones están vinculados con fundaciones ligadas con la familia Trump, parecería que están ofreciendo apoyos al Instituto Nacional de Salud Pública a cambio de que pongan a un directivo a modo.