Ahorro interno, última oportunidad en el sexenio

Desde hace dos años, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) junto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) le presentaron a la Secretaría de Hacienda una propuesta para impulsar el ahorro interno, pero el tema no estaba entre las prioridades del exsecretario Luis Videgaray, más preocupado por la aprobación y aterrizaje de las reformas estructurales.

La AMIB, AMIS y Amafore no se han dado por vencidos y volvieron a presentar su propuesta a José Antonio Meade, quien sí se ha interesado en el tema y ya se formaron tres equipos de trabajo: operativo, de desarrollo de productos, y el fiscal. De la SHCP, quien coordina los equipos es Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda, y aunque no es fácil, sí se espera lograr avances para que en el paquete económico de 2018 se incluyan estímulos para fomentar el ahorro interno.

Lo que busca con esta propuesta, explica José Méndez Fabre, presidente de la AMIB, es incrementar el ahorro interno de largo plazo, que ha disminuido en la última década, mientras que el ahorro externo de corto plazo se ha incrementado.

Se pretende fomentar una mayor competencia entre todos los intermediarios con nuevos instrumentos de ahorro de largo plazo, y poner candados y límites a los estímulos fiscales.

Es, desde luego, la última oportunidad en el sexenio y lo que se requiere es que la Secretaría de Hacienda acepte otorgar estímulos reales al ahorro interno de largo plazo que hoy no existen en México, con la excepción de los 125 mil pesos anuales que son deducibles del ISR si se invierten en la Afore, siempre y cuando no se retiren hasta que el trabajador se pensione. El problema es que es un estímulo que beneficia más a los trabajadores de más ingresos, porque está topado al 10% del salario anual, por lo que un trabajador que gane 400 mil pesos al año, sólo puede tener el beneficio de deducir 40 mil pesos anuales.

IMSS, SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

El Premio Naranja Dulce de la semana es para el director del IMSS, Mikel Arriola, por dos importantes anuncios en materia de simplificación. A partir de diciembre, el IMSS tendrá ya precargada la solicitud de pensión en su portal, un trámite que hoy sólo puede hacerse de manera presencial y que implicará un importante ahorro en trámites para los trabajadores que están en edad de retiro.

Además, a partir de septiembre, el IMSS pondrá en marcha el nuevo Registro de obras de Construcción, SIROC, para facilitar el registro de obras en construcción, al reducir de 6 a 1 los avisos que tienen que dar los patrones, con lo que el tiempo el trámite se reduce de 4 horas a 10 minutos.

CANADEVI: ¿CONTROL DE PRECIOS?

El Premio Limón Agrio de la semana es para Carlos Guillermo Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), quien, molesto por un nuevo incremento en los precios del cemento, pretende que bajen por decreto o que el gobierno federal presione a las cementeras a no subir sus precios.

La Canadevi publicó un desplegado en el que demanda a la Secretaría de Economía y la Sedatu para que intervengan y se integre lo que denominaron “mesa de revisión de la competitividad de los precios de los insumos” (sic), a fin de que no entre en vigor el nuevo incremento en los precios del cemento el primero de julio.

Carlos Medina debería recordar que no hay control de precios en México ni para la venta de cemento ni de viviendas, y la primera reacción al comunicado que publicó la Canadevi fue la molestia de Cemex, que anunció su salida de la CMIC.

COFECE DEBERÍA INVESTIGAR
MERCADO DE CEMENTO

Quien sí tenía que investigar cómo opera el mercado de cemento, que es uno de los más deficientes en México en materia de competencia, es la Cofece, que preside Alejandra Palacios. Si en efecto, las principales cementeras del país se pusieron de acuerdo para incrementar los precios a partir el 1 de julio, o si hay un comunicado de la Cámara Nacional del Cemento sobre aumento de precios, estarían sujetos a sanciones, porque la concertación entre empresas para manipular o concertar precios se considera una práctica monopólica absoluta.