Art. 129, ¿intención de control político?

Le comenté el viernes sobre la negociación del artículo 129 fracciones XI y XIII de la iniciativa de Nueva Ley de Amparo que ha sido ríspida por el rechazo del sector privado, por la suerte de inseguridad jurídica y económica que provocaría.

La propuesta pretende negar la suspensión bajo supuestos que afecten “el interés social”, cuando se trate de intervenciones de instituciones financieras (fracción XI) y también en el caso de concesiones de servicios públicos o bienes del Estado (fracción XIII), sean estos ferrocarriles, aviación, carreteras, puertos, aeropuertos, reservas mineras, telecomunicaciones, radiodifusión.

Aun cuando el CCE de Gerardo Gutiérrez no publicó el desplegado que se acordó el miércoles mostrando el rechazo a los términos actuales del citado artículo, le cuento que los presidentes e integrantes de todas las comisiones económicas en la Cámara de Diputados, cuyo pleno preside el diputado Francisco Arroyo Vieyra, recibieron cartas de las asociaciones específicas demandando la eliminación del texto.

Para los empresarios del CCE, Concamin, Concanaco, Comce, CMT, ABM, AMIS, la CIRT, la CMIC, CAMIME, Canieti, Canitec, ANIQ, etcétera, que participan en poco más de 30% del PIB, estas fracciones son contrarias a la disposición constitucional que pretende reglamentar (el amparo), al intentar sustituir el análisis casuístico por parte del juez por una prohibición absoluta de una autoridad del Ejecutivo que busca “evitar que se interrumpa una decisión del gobierno, a pesar de que él o los afectados piensen que se están violando sus derechos fundamentales”.

Son más de 40 empresariales que se han acompañado de cabildeo intenso, porque se piensa que la intención del PRI es dotar a la administración del presidente Peña de una poderosa arma de control político sobre el sector privado.

Se imagina si el Estado decide rescatar una concesión, dividir un grupo empresarial, recuperar tierras mineras, revocar una aerolínea, ferrocarril o aeropuerto, declarar dominante una concesión de radiodifusión con sólo argumentar “causas de interés social”, aunque recurrieran al Poder Judicial en busca de amparo, los concesionarios no tendrían más que apechugar porque la decisión no será suspendida y el único consuelo será que si al final del proceso el juez resuelve que el gobierno no tenía razón, a lo único que podrá tener derecho el empresario es a reclamar la indemnización.

Ese es el tema de fondo, que se dota de poder absoluto al gobierno sobre los concesionarios privados de cualquier actividad económica y sobre los grupos financieros bancarios y no bancarios de cualquier nacionalidad. Vamos, el PRI del presidente Enrique Peña cambiaría en serio el régimen de concesiones.

De ahí se entiende que el propio secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, haya asumido la negociación del tema en la que el PRD, el PAN y una parte del Verde no ha sido convencida).

Sabemos que la negociación se intensificó el viernes y sábado y ha buscado, por un lado, evitar que el PRI tenga mayoría y/o, segundo, “suavizar la redacción”, para que el “absolutismo” no se pueda ejercer salvo en caso de crisis sistémica para el sistema financiero y/o, definición de colegiados especializados con tiempos límite para resolución, en el segundo. El diputado Manlio Fabio Beltrones, del PRI, es el principal operador político y negociador legislativo de la iniciativa y dicen por ahí que los cambios pueden estar relacionados con la autonomía de comisiones, el cambio propuesto a la Ley Federal de Competencia, leyes secundarias por rama y otros ordenamientos financieros.

De Fondos a Fondo

Usted recordará que Ventura Capital, un fondo de inversión en el que participan varios ex accionistas de Ixe, encabezados por Javier Molinar Horcasitas y Enrique Castillo Sánchez Mejorada, llegó a un acuerdo con Bank of America para comprar Maxcom, la empresa  de cable y voz sobre IP que está en algunas zonas del centro del país.

La compra se pactó a 2.90 pesos por acción (unos dos mil 295 millones de pesos) y estaba sujeta a una oferta pública de compra por 100% de las acciones.

Pues esta es la primera operación de traspaso de propiedad en un concesionario de telecomunicaciones autorizada por la SCT a través de la Subsecretaría de Comunicaciones de Ignacio Peralta, toda vez que el acuerdo se concretó el 5 de diciembre de 2012 y justo el viernes 8 de enero se colocó el prospecto de la oferta pública para comprar la totalidad de las acciones y con ello su desliste.

Bank of America, el accionista mayoritario de Maxcom representado por Jacques Gliksberg, tenía 40.35 por ciento del capital, recibió algo así como 918 millones de pesos, más un compromiso de capitalización de 22 millones de dólares y la obligación de recomprar las acciones en circulación (59.45%) al mismo precio, además de mantener la operación de Maxcom, que dirige Salvador Álvarez Valdés.

Mire, desde diciembre se ha recomprado como 20% y se estima que falta por recoger como 30% con valor estimado de 765 millones 315 mil pesos.

Lo difícil viene ahora, porque para concretar la compra se deberá concluir una propuesta de intercambio del bono por 200 millones de dólares que vence en 2014, que tiene muy presionadas sus finanzas), para llevarlo a mayor plazo, dado que la tasa de interés es de 11% y a ello súmele la volatilidad cambiaria.

¿Y quién cree que es el intermediario de la recompra? Le atinó: Casa de Bolsa Banorte-Ixe del grupo que encabeza Guillermo Ortiz Martínez y del que es aún vicepresidente Enrique Castillo.

El desafío mayor: lograr rentabilizar un activo que perdió más de mil 200 millones de pesos en 2011 y cerca de 400 millones de pesos en 2012, con escasa cobertura geográfica y unas 600 mil unidades generadoras de ingresos (cuentas). ¿Tendrán recomprador?