En manos de Luis Videgaray, futuro de banda 2.5 GHz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló ayer a favor de MVS al otorgarle los amparos en contra de la SCT por no haberle otorgado las prórrogas a las concesiones vencidas de la banda 2.5 GHz.

Es un amparo de efectos que no da marcha atrás al inicio de rescate de la banda 2.5 que inició el sexenio pasado el presidente Felipe Calderón y que está detenido por los litigios interpuestos por MVS que tiene la gran mayoría de los 190 MHz de esta banda y de otros concesionarios también afectados por esta medida.

Es desde luego un revés para la SCT, tanto para su anterior titular Dionisio Pérez–Jácome, quien no logró llegar a un acuerdo con Joaquín Vargas en el pago de la contraprestación, pero también para Gerardo Ruiz Esparza porque la SCT no pudo o no quiso defender una decisión tan importante como no renovar la concesión a una empresa que no utiliza el espectro.

El meollo del problema con la banda 2.5 GHz es por un lado que hoy se considera que es muy valiosa para los servicios de banda ancha y, por el otro lado, que los Vargas no la utilizan porque migraron a todos sus usuarios a Dish que es televisión satelital y que ha tenido un gran éxito gracias a su alianza comercial con Telmex.

Lo interesante es que es una victoria importante, pero parcial para MVS, porque si bien la SCJN califica de actuación arbitraria la decisión de la SCT de no prorrogar las concesiones vencidas, también ordena que se fijen nuevas condiciones para la prórroga y que sólo en caso de que la empresa no pueda cumplir, la SCT tendrá ya el derecho de negar las prórrogas.

En principio parece un absurdo el que la SCJN considere arbitrario el que la SCT no renovara las prórrogas ante la falta de un acuerdo sobre el pago, y al mismo tiempo faculte a la SCT a fijar nuevas condiciones de pago.

Sin embargo, esta resolución abre las puertas para que Luis Videgaray, secretario de Hacienda fije un precio menor a 10.5 centavos de dólar por MHz por población.

La SCT estableció claramente en su intento de rescate de la banda 2.5 GHz que MVS ofreció pagar menos del uno por ciento de la oferta que José Antonio Meade, entonces titular de la SHCP, estableció para la banda 2.5 GHz.

En manos de Videgaray –como si tuviera poca chamba– está ahora el futuro no sólo de MVS, que tiene un espectro que es casi el triple que el de Telcel con 60 millones de usuarios, sino de la banda 2.5 GHz.

La contraprestación que fijó Meade equivalía a dos mil 700 millones de pesos que los Vargas consideran inaceptable.

Con su resolución la SCJN permitirá –según algunos especialistas jurídicos– que la SHCP fije una contraprestación más baja sin que se finquen responsabilidades por daño al erario pero desde luego no podrá ser tan baja como los 0.5 centavos por MHz/ POP que pretendía pagar MVS el año pasado.

GMéxico demanda vs. GAP en CNBV

El pleito jurídico que se mantiene es de accionistas de Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP. Por un lado, Germán Larrea de GMéxico no ceja en su intento de adquirir el control de GAP y, por el otro, los accionistas mexicanos encabezados por Eduardo Sánchez Navarro y que están totalmente reconciliados con sus otrora socios incómodos las hispanas Aena y Abertis.

Tras la asamblea del pasado martes, Luis Cervantes, abogado de GMéxico informó que los agentes de seguridad de GAP le impidieron la entrada a la asamblea a pesar de que sí tenía derecho a asistir y votar porque tiene 10% del capital, con un total de 506 millones de acciones.

Cervantes se quejó también de que se le negó el acceso a la información e insistió que el conflicto de GMéxico no es en contra de la empresa sino de los accionistas encabezados por Eduardo Sánchez Navarro.

La versión de GAP es totalmente distinta, ya que aseguran que no se obstaculizó la entrada a ningún accionista que hubo un quórum de 95% y que GMéxico asistió y ejerció su derecho de votar en contra de algunos puntos con la aprobación de los estados financieros.

Cervantes, sin embargo, asegura que la semana próxima presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Jaime González Aguadé, porque GAP no respeta los derechos de los accionistas minoritarios que protege la Ley del Mercado de Valores. Y no hay que olvidar que hasta el momento GAP va ganando la batalla jurídica para que no se declaren nulos los estatutos de la empresa como pretende GMéxico y para que ninguna casa de bolsa le venda acciones de GAP a ninguna empresa relacionada con Germán Larrea.