En manos de la Corte, futuro de Uber

La próxima semana se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolución sobre las demandas de acciones de inconstitucionalidad, promovidas por legisladores de Yucatán, en contra de las reformas aprobadas a la Ley de Transporte de su estado.

El proyecto, que revisa el ministro Alberto Pérez Dayán, propone invalidar los requisitos adicionales de dicha ley yucateca, por considerar que violan los principios de igualdad y libertad del trabajo, diversos aspectos sobre la libre competencia, así como las oportunidades de autoempleo e inclusión.

La resolución de la SCJN definirá el futuro en nuestro país de la economía colaborativa, un nuevo sistema que permite a las personas obtener ingresos extra a través de la tecnología. Este modelo representa una importante oferta de autoempleo para los mexicanos a través de plataformas digitales como Uber, que dirige Federico Ranero, y Cabify, que lleva Ricardo Weder.

Por citar un ejemplo, el caso de Uber, pionero del modelo y la opción más popular, ofrece oportunidades de autoempleo a más de 200 mil personas en 31 ciudades del país. De igual manera, brinda servicio a más de siete millones de usuarios, lo cual demuestra que esta modalidad vino a cubrir un vacío que existía en el sistema de transporte en México.

Las reformas aprobadas a La Ley de Transporte de Yucatán proponen exigencias mayores para las plataformas digitales a las que se les solicitan a los taxis convencionales, que rayan en la sobrerregulación.

Tal es el caso de cláusulas como la de exigir que el valor de los vehículos que operen a través de estas plataformas digitales exceda la cantidad de 200 mil pesos o que el solicitante del certificado debe ser propietario del vehículo, que violan la libertad del trabajo.

El caso ya se replicó en Colima, donde legisladores locales también presentaron una demanda en contra de su ley de transporte. Actualmente, las autoridades se encuentran dentro del periodo para presentar sus contestaciones a esta acción de inconstitucionalidad promovida por miembros del Congreso estatal.

La resolución de ambos casos no sólo implica el análisis de un servicio complementario al transporte público que beneficia a las ciudades, sino también el razonamiento de si resulta constitucional que los gobiernos estatales o municipales puedan sobrerregular, limitar o restringir los derechos de los propios ciudadanos.

En las manos de Pérez Dayán y la SCJN se encuentra el futuro de la economía colaborativa en México y reflejará cómo este país recibe o le cierra las puertas a la tecnología y a las oportunidades para los mexicanos.

AZCÁRRAGA, CERCA

Las alarmas en el bufete del penalista Alonso Aguilar Zínser se prendieron la semana pasada. Y es que en sesión del 11 de mayo, el Sexto Tribunal Colegiado en materia penal acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Gastón Azcárraga Andrade por violaciones a la Ley del Mercado de Valores, tras difundir información falsa sobre el valor real de la desaparecida Mexicana de Aviación.

Dicho de otra forma, se le negó al empresario, que cumple un arraigo domiciliario en Nueva York, un amparo contra la orden de aprehensión que promovió el sindicato de pilotos. En el reporte anual para el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2008, Azcárraga notificó a la BMV y a la CNBV que Grupo Posadas no había invertido nada en la aerolínea, cuando en realidad inyectó 71 mil 452 millones de pesos. Los magistrados María Elena Leguízamo, Roberto Lara y Guillermina Alderete reconocieron la comisión del delito.

El que no se pudo acreditar, porque uno de los tres magistrados dio su voto en contra, fue el de la omisión para informar al mercado el evento relevante que era la suspensión de operaciones de Mexicana, aquel 27 de agosto de 2010. Sin embargo, en la misma sesión del 11 de mayo pasado se determinó returnar el expediente y elaborar un nuevo proyecto. O sea que Azcárraga está a un tris de perder la protección total para evitar la cárcel. El despacho de Ulrich Richter se anotó el golpe jurídico.

CASAS DE BOLSA

Fíjese que las matrices de los bancos implicados en la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, están alarmadas por lo que está pasando en sus sucursales en México.

Los directivos y traders involucrados que le he mencionado están siendo llamados a comparecer en Madrid, Nueva York y Londres, ya que se ve una clara omisión de las áreas de control al interior de las sucursales de BBVA-Bancomer, de Luis Robles; Santander, de Marcos Martínez; HSBC, de Nuno Matos; Bank of America, de Emilio Romano; JP Morgan, de Eduardo Cepeda, y Barclays, de Raúl Martínez Ostos.

Para variar, vendrán los extranjeros a evidenciar la negligencia local. En paralelo, el regulador también ya empezó a llamar a las casas de Bolsa. Apunte a Vector, de Alfonso Romo; Finamex, de Eduardo Carrillo; Monex, de Héctor Lagos; Value, de Carlos Brener; CI, de Mario Maciel, y Actinver, de Héctor Madero.

CUMPLE SALINAS

NYCE, que dirige Carlos Pérez, entrega hoy a empresas del Grupo Salinas la certificación en Protección de Datos Personales. El grupo de Ricardo Salinas se convierte en el primero en cumplir con esta normatividad, que coloca a México al nivel de Europa en cuanto a la disponibilidad de herramientas jurídicas y tecnológicas para la protección de los ciudadanos.

La información confidencial de los clientes de Banco Azteca, que comanda Alejandro Valenzuela; Elektra, que conduce Fabrice Deceliere, e Italika, al mando de Alberto Tanus, entre otras, estará protegida y en línea con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.